Andalucía cierra filas en torno al mayor plan de vivienda pública de su historia

«Es de lo más importante que hemos hecho en esta legislatura y en muchos años de gobierno». Así definió Manuel Chaves, presidente de la Junta, el Pacto por la Vivienda en Andalucía. Una iniciativa que prevé la construcción de 700.000 viviendas en diez años, de las que 300.000 serán de protección oficial. Se trata del proyecto más ambicioso de creación de vivienda pública que jamás se haya ejecutado en España, según destacaron fuentes del Gobierno andaluz.

Un plan que, además, llega en un momento muy delicado para el sector de la construcción, uno de los principales motores de la creación de empleo en la Comunidad andaluza.

Estos dos objetivos, el de facilitar el derecho constitucional -también recogido en el Estatuto de Andalucía- de acceso a una vivienda digna y el de la revitalización del segmento inmobiliario, han sido una constante en la motivación de todos los agentes sociales, representantes financieros y alcaldes andaluces que ayer rubricaron la propuesta que hizo en junio el propio Chaves.

Los anuncios de estas características, sobre todo a tan sólo tres meses de unas elecciones autonómicas, despiertan recelos ante un posible interés meramente electoral.

Financiación

La financiación define la viabilidad de un proyecto de esta envergadura. Ayer, tras el acto oficial en el que las partes suscribieron el acuerdo, se conoció que las entidades financieras que operan en Andalucía, sobre todo las cajas de ahorro andaluzas, aportarán 9.500 millones de euros en créditos para la construcción de viviendas protegidas en cuatro años. A esta cantidad hay que añadirles los 1.900 millones que la Administración autonómica aportará de forma directa para ayudas e inversiones en vivienda -cifra que se incluye en los Presupuestos de Andalucía para 2008- y tres terceras partes de los 5.600 millones que habrá que destinar para dotar a los nuevos edificios de todos los servicios básicos. Los ayuntamientos aportarán la cuarta parte restante. En total, la inversión que se prevé hasta 2012 será de 17.000 millones de euros.

El jefe del Ejecutivo andaluz indicó durante su intervención que la ejecución concreta del Pacto por la Vivienda es un paso más hacia el verdadero objetivo de su Gobierno: preparar el camino para el ejercicio del derecho a la vivienda. «Un derecho que vamos a regular por una ley que aprobaremos el próximo año, precisamente cuando se cumplen 30 años de la aprobación de la Constitución española», acotó.

Hubo otras ocho intervenciones, tantas como firmantes del pacto. La de Santiago Herrero, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) fue una de las más esperadas. los empresarios habían mostrado sus reticencias finales al acuerdo, más como fórmula de protesta por otras decisiones del ámbito urbanístico -en especial el POTA- con la que no estaban de acuerdo. «Apoyamos el Pacto de la Vivienda en un acto de responsabilidad con el desarrollo futuro de Andalucía», explicaba el representante de la patronal, quien no desaprovechó la oportunidad para insistir en sus demandas. «Esperamos que este mismo espíritu de consenso y diálogo con el que se ha logrado alcanzar se traslade a otras políticas urbanísticas», espetó. Herrero no escondió que esta iniciativa supone una inyección económica y de moral para un sector estratégico en Andalucía que, a su juicio, está en crisis, como es el de la construcción.

Herrero, en contra de lo que ayer mismo sostuvieron tanto Chaves como la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, considera que el texto firmado ayer modifica el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) en dos aspectos fundamentales: las VPO no suponen un incremento de población -porque los aspirantes deben llevar al menos dos años censados en ese municipio-, con lo que no atenta contra el porcentaje del 40% máximo de incremento de población que marca el POTA y libera suelo industrial para poder construir viviendas protegidas.

Una demanda básica

Braulio Medel, presidente de Unicaja, que habló en nombre del resto de máximo responsables de las cajas de ahorros andaluzas -todos ellos presentes en el acto-, indicó: «El Pacto no es sólo altamente conveniente porque ayuda a cubrir una demanda básica de la sociedad, como es el acceso a la vivienda, sino porque dinamiza el sector inmobiliario y despeja la incertidumbre sobre el futuro de la construcción».

Manuel Pastrana, secretario general de UGT, abundó: «Este acuerdo abre una puerta a la ilusión para todos aquellos que sueñan con una vivienda digna». En similares términos se expresó Francisco Carbonero, secretario general de CC. OO.: «Tengo una grata sensación tras firmar este pacto, porque creo que Andalucía ha dado un paso muy importante para comenzar a solucionar el problema de la vivienda».

El presidente del PP-A, Javier Arenas, consideró por su parte: «El Pacto no tiene ninguna credibilidad porque está hecho por un Gobierno que dentro de unas semanas estará en funciones». Aseguró que él, si llega a la presidencia de la Junta, hará un pacto «realmente importante».