«La mayoría de las viviendas del fraude Obra Nueva serán demolidas»

Nada más aterrizar en el Área de Urbanismo como responsable de esta concejalía, la edil popular, Patricia Ybarra, ha tenido que hacer frente al nuevo escándalo urbanístico que sacude el municipio; la falsificación de expedientes de obra nueva para legalizar viviendas. Un grupo de profesionales certificaba que estas edificaciones tenían una antigüedad de más de cuatro años ya que de esta manera el delito había prescrito. Actualmente, el equipo de Gobierno (PP) está enviando estos expedientes a la fiscalía provincial.

-¿A cuántas viviendas afectan los últimos expedientes que el Ayuntamiento ha elevado a la Fiscalía?

-No se han contado. Conforme pasan por mi despacho, los firmó y los envió directamente a Alcaldía para que Enrique Moresco los refrende y los mande a la Audiencia Provincial.

-¿Y el caso de las 19 viviendas sin construir que poseían certificados de antigüedad de hace cinco años?

-Ese expediente, el de Las Veguetas, sí ha sido enviado. Sin embargo, nos hemos encontrado con la paradoja de que Disciplina Urbanística no puede sancionarlos al no haber construido de forma ilegal. Por supuesto, tendrán que hacer frente al posible delito de falsedad documental.

-¿No habrá sanción urbanística?

-La única ilegalidad urbanística cometida en ese caso ha sido la construcción del muro perimetral, que he ordenado que se derribe.

-¿Se está siguiendo algún criterio de selección para mandar estos informes?

-En absoluto. En cuanto los técnicos detectan un fraude de obra nueva, adjuntan las escrituras falsas, junto a las ortofotos que muestran la inexistencia de estas viviendas. El pasado miércoles envié tres expedientes más.

-¿Cuál será el futuro de estos inmuebles?

-A las viviendas que tengan menos de cuatro años se les abrirá un expediente de reposición de la legalidad, que acarrea multas coercitivas durante doce meses y la posterior demolición del inmueble. Si el propietario se niega a ello se hará de forma subsidiaria. La mayoría serán derribadas.

-¿Y si tienen más de cuatro años?

-Entonces, el delito ha prescrito y no se les puede imponer ninguna sanción. Esto no quiere decir que estas casas vayan a ser legalizadas. Incluso si el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se aprobara en breve plazo, estas casas no se podrían legalizar. No podrán tener calles, ni saneamiento, ni luz ni agua.

-¿Y qué antigüedad tiene la mayoría de estas construcciones?

-Son posteriores a 2003. Por tanto, se les abrirá su correspondiente expediente. Esta trama tiene su origen en Chiclana, que han importado este modus operandi a El Puerto desde hace relativamente poco tiempo. Cuando la cosa comenzó a ponerse difícil en Chiclana, trasladaron a la localidad este tipo de prácticas ilícitas.

-Es decir, que el Plan General no puede regularizar estas edificaciones aunque toda la zona vaya a convertirse en suelo urbano consolidado.

-No se puede legalizar lo ilegalizable. Las más afortunadas permanecerán en el limbo urbanístico sin ningún tipo de derechos y el resto serán demolidas.

-¿Ha podido influir el punto cero de 2002 en este tipo de prácticas?

-No creo. Estas certificaciones falsas las han realizado, sobre todo, promotores que querían vender sus promociones de forma inmediata. De hecho, en los últimos cinco años, la proliferación de este tipo de construcciones ha aumentado espectacularmente. La comisión de viviendas ilegales advirtió que el auténtico boom comenzó a partir de 2003.

-¿Se ha visto favorecido este crecimiento por la pasividad del anterior Gobierno de IP?

-Pasividad no, permisividad. Una cosa es no hacer nada y otra cosa bien distinta es favorecer estas construcciones.

-¿Favorecer?

-El anterior equipo de Gobierno ha llegado a dar permiso de luz y agua a viviendas que aún no habían sido construidas. Ni siquiera pueden argumentar cuestiones humanitarias ya que aún no existía el inmueble. A eso se le llama favorecer la construcción de viviendas ilegales.

-Cambiando de tercio, ¿han solucionado el litigio que tenían con Endesa?

-Endesa Gas no tenía ningún tipo de licencia municipal para realizar este tipo de trabajos. Hicieron caso omiso a la primera orden de paralización y causaron grandes destrozos en una zona de repoblación forestal. Tras cuatro días de trámites, conseguimos que la obra quedara paralizada. Ahora queda por ver como se rehabilita esta zona.