Opinion

Propuesta ineludible

La propuesta dirigida por Mariano Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero para establecer un pacto que permita a ambas formaciones aspirar a gobernar España sin depender necesariamente del apoyo condicionado de los grupos nacionalistas introduce, en puertas de la campaña electoral, una cuestión que el hoy presidente no puede eludir sin más. La eventualidad de que el Gobierno de la nación y su programa legislativo se sostengan en una mayoría parlamentaria en la que participen una o varias formaciones nacionalistas no debería ser, por principio, considerado como una hipoteca inadmisible para el buen funcionamiento de las instituciones del Estado.

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Lo que convierte esa participación en un factor crítico para poder gobernar con arreglo al interés y a las aspiraciones comunes a los españoles es, en todo caso, la carga de deslealtad que implica simultanear el desafío soberanista con la negociación puntual del apoyo a los proyectos del Gobierno. Una disposición que se hace evidente sobre todo en los casos de PNV y ERC.

La idea de Rajoy de que PSOE y PP se comprometan a abstenerse ante la investidura de quien logre más escaños para evitar que precise de votos nacionalistas podría comportar efectos positivos en un doble sentido: por una parte, porque contribuiría a visualizar una relación más distendida y de Estado entre las dos grandes formaciones; por la otra, porque situaría la eventualidad de que el Gobierno estableciera acuerdos puntuales con los nacionalistas en un terreno de normalidad, más alejado de la posibilidad de que estas formaciones pudieran afectar negativamente a la gobernabilidad del país. El envite de Mariano Rajoy se produce en medio de un clima electoral y cuando los sondeos vaticinan una liza muy disputada entre socialistas y populares. Pero los rasgos de oportunismo que encierra dicha invitación en ningún caso la pueden invalidar en lo que tiene de propuesta de calado, propicia para reconducir las relaciones políticas e institucionales hacia condiciones más acordes con el propio diseño constitucional.

Pronósticos tremendistas al margen, es indudable que la necesidad socialista de contar con aliados para gobernar tras las elecciones de 2004 ha contribuido a revalorizar el papel de los nacionalistas coincidiendo, además, con la revisión de los estatutos de autonomía. La exclusión pactada de dichas formaciones de los posibles acuerdos parlamentarios no ayudaría a moderar su conducta ni a orientar el futuro autonómico hacia un horizonte de mayor estabilidad, sino todo lo contrario. Pero lo que parece evidente es que la aritmética de los escaños no debería primar a ninguna formación en cuanto a su papel condicionante respecto al diseño del futuro para España. Mucho menos si su objetivo final es quebrar su unidad, aunque sea pacíficamente.