Suspenden el juicio contra Muñoz y 5 ex ediles al no citarse en forma a una acusación popular

El Juzgado de Lo Penal número 7 de Málaga decidió suspender hoy el juicio previsto contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz y otros cinco ex ediles al no haberse citado en forma a la acusación popular en representación de Los Verdes, ya que, según informó la letrada de esta parte, Inmaculada Gálvez, se enteró "ayer por la prensa". El juicio se ha fijado de nuevo, con el consentimiento de todas las partes, para los días 13 y 14 de diciembre.

La vista de hoy era referente a la concesión por parte de una comisión de gobierno del Ayuntamiento marbellí de 1998, con Muñoz como alcalde accidental e integrada por Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo, de la licencia de obras a las entidades Jotsa y Promotorauno para la construcción de un edificio de 108 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida Príncipe de Asturias de San Pedro de Alcántara.

Muñoz, que ya no está en prisión provisional por el caso 'Malaya' tras pagar una fianza de 50.000 euros, pero que cumple condena por dos delitos urbanísticos, fue trasladado desde la cárcel de Jaén hasta la Audiencia Provincial para la celebración de este juicio y, tras la suspensión, salió por los pasillos del palacio de justicia en medio de una nube de cámaras.

La letrada de Los Verdes dijo no saber lo ocurrido, ya que es, además de abogada, "denunciante". Así, consideró que "en la Costa del Sol se necesita que se refuercen las oficinas judiciales para que los procedimientos no tarden años con estos temas". "No hay medios, no hay personal suficiente y no hay un procedimiento para que ahora, por errores, se lleve a cabo", añadió.

Por otra parte, el abogado defensor de dos de los acusados, Pablo Luna, explicó que "una licencia del año 1995, cuando no estaba en vigor el Código Penal actual, no puede ser delito porque no lo era en aquel momento". "Hay argumentos de base y el juicio se podría celebrar hoy mismo sin ningún tipo de problema", insistió.

Luna expuso que se debería llegar a un procedimiento único, "donde se contemple una pena única de conformidad y se pueda llegar a una solución que beneficie a todos". "La ciudadanía no entiende que un juicio se pueda suspender por un fallo procesal, y tienen toda la razón al no entenderlo", apuntó el letrado, que, además, manifestó su intención de "cohesionar todo el proceso para que haya una calificación de la pena individualizada según le corresponda a cada acusado".

"Es un desajuste total que este procedimiento no tenga acomodadas a las personas ni al objeto del proceso, pero no sólo conexionados los juzgados de instrucción y los enjuiciamientos, si no también conexionados a nivel penitenciario", apuntó Luna.

En cuanto al actual PGOU de Marbella, Gálvez confesó que "la defensa va a tratar este procedimiento como gestión previa, y es que si la Junta piensa legalizarlo, será un vacío de contenido de la norma penal, puesto que se remite a un Plan General que ahora el Gobierno andaluz va a declarar compatible con la ordenación del territorio". Asimismo, se refirió al sistema de compensaciones de este plan como "una aberración política". LA CAUSA.

El permiso se otorgó "pese a que se autorizaba a edificar en un suelo que de acuerdo con las normas urbanísticas aplicables -que eran el PGOU del 68- estaba clasificado como zona deportiva de uso público", según indica el fiscal en sus conclusiones provisionales a las que tuvo acceso Europa Press; calificación de la parcela que luego se mantuvo en el plan de 1986.

Así, el uso era "incompatible" con la autorización concedida, lo que era "conocido por los acusados", quienes decidieron, según la acusación pública, conceder la licencia de obra "sobre la base de su adecuación a las determinaciones de un documento de revisión del planeamiento municipal que el equipo de gobierno estaba llevando a cabo".

Dicha revisión no había sido aprobado definitivamente por el ente supramunicipal competente, en este caso la Junta de Andalucía. De hecho, el ministerio público recuerda, como en otras calificaciones provisionales, que la Comisión Provincial de Urbanismo denegó en 1998 la aprobación definitiva de dicha revisión promovida por la Corporación municipal.

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, por el que pide para Muñoz y para los cinco ex ediles la pena de 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para cargo público al considerarlos coautores de dicho delito; mientras que al que fuera alcalde marbellí Jesús Gil, lo consideraba inductor del mismo. Asimismo, solicita la nulidad de dicha licencia.