El PP garantiza que sus alcaldes cumplirán la Ley de Memoria Histórica
«El PP cumple todas las leyes vigentes». Con estas palabras, el secretario general del partido opositor, Ángel Acebes, garantizaba ayer que los alcaldes de esta formación política aplicarán la Ley de Memoria Histórica cuando esté en vigor. «Ya se verá cómo termina, qué margen permite y cómo se aprueba», apuntó, «y entonces será el momento de ver en qué condiciones se cumple», añadió e insistió en que se puede estar en desacuerdo con una norma que, una vez aprobada por el Parlamento, obliga a todos. Además, aprovechó para acusar a los alcaldes del PSOE de ser «los únicos que incumplen las leyes» al no colgar la bandera nacional en todos los ayuntamientos.
Actualizado: GuardarAcebes consideró la Ley de Memoria Histórica como la norma «del rencor y el enfrentamiento», que divide a los españoles y matizó las declaraciones de su compañero de partido, el eurodiputado Jaime Mayor Oreja, que en una entrevista cuestionó la condena del franquismo. «¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo si hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad?», se preguntó el ex ministro del Interior e insistió en que la dictadura propició una «situación de extraordinaria placidez» en la sociedad española. Acebes explicó que lo que Mayor Oreja quiso decir fue que el debate sobre la memoria histórica alimenta la división e incumbe sólo a los historiadores.
Críticas en el PSOE
La discusión sobre la nueva legislación, que sigue su tramitación en el Congreso, ha propiciado también síntomas de incomodidad en las filas socialistas. El alcalde de Las Palmas y presidente del PSOE de Canarias, Jerónimo Saavedra, afirmó ayer que no está de acuerdo con el proyecto porque no le parece recomendable «hurgar en el pasado». Es el primer dirigente socialista que expresa su disconformidad públicamente.
El arzobispo de Toledo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Antonio Cañizares, también expresó su temor de que la Ley de Memoria Histórica provoque «división en la sociedad española». Por su parte, el vocal y portavoz del CGPJ, Enrique López, consideró ayer que el Gobierno debería haber consultado al máximo órgano de gobierno de los jueces sobre la parte del proyecto que afecta a los tribunales.
