El fiscal pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para la alcaldesa de Rota

Las múltiples causas judiciales que cercan el Gobierno municipal de Rota van concluyendo poco a poco sus fases de instrucción. Uno de esos asuntos, conocido como 'horas extras', es el que se encuentra más avanzado.

Así, el fiscal Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación en el que pide pena de cárcel y de inhabilitación especial para la alcaldesa, Eva Corrales (PP). Su mano derecha en el Gobierno local, Lorenzo Sánchez (RRUU), también se enfrenta a una posible condena que lo apartaría del cargo público aunque no se juega un ingreso en prisión como su socia.

La jueza instructora de este caso dictó el pasado verano un auto de procesamiento contra Corrales, Sánchez y otras siete personas, entre las que se encuentran funcionarios municipales y otro exedil del PP, Ismael Puyana.

Las defensas de los imputados recurrieron ese auto de la titular del nº 2 de Rota, que ponía punto final a la investigación judicial iniciada el año pasado.

A esos recursos que intentan evitar que Corrales y el resto de imputados se sienten en el banquillo, el fiscal ha respondido en contra y ha anunciado sus peticiones de pena en un escrito de más de 30 folios al que ha tenido acceso este medio.

El 'caso horas extras' nace de una denuncia de IU a partir de información facilitada por trabajadores municipales. Algunos funcionarios denunciaban el volumen excesivamente elevado que cobraba un empleado del Ayuntamiento en concepto de gratificaciones extraordinarias y ponían en duda que las hubiera efectuado.

Contratos prohibidos para un funcionario

El fiscal sostiene que esas horas extras servían para encubrir el pago de unos trabajos que se habían adjudicado de manera irregular. Este funcionario, de categoría E y que trabaja en labores de administración, recibió desde 2004 a 2010 sucesivos encargos para la confección de las bandas de las sirenas y ninfas de Carnaval o el suministro de dalmáticas para maceros y colgaduras que engalanan balcones durante las fiestas patronales.

Estos trabajos extras contravienen la ley que impide a los funcionarios y sus cónyuges contratar con la Administración. Pero además, algunos de esos contratos, incide el Ministerio Público, debieron adjudicarse mediante un procedimiento administrativo negociado. Es decir, el Ayuntamiento omitió la obligatoriedad de citar a tres empresas para que presentaran sus propuestas, y se lo adjudicó a dedo a un trabajador suyo.

La cuantía de lo percibido por este funcionario y su esposa a través de estos encargos supera los 50.000 euros. La instrucción llegó hasta el límite temporal que la prescripción de delitos permitía. Sin embargo, testigos e imputados declararon ante la jueza que esta práctica se realizaba antes incluso que Lorenzo Sánchez llegara a la Alcaldía.

Jornadas de trabajo imposibles

Los mecanismos que articuló el Ayuntamiento para pagar a este funcionario por unos trabajos incompatibles con su condición de empleado público fueron dos: mediante facturas que giraba a nombre de la esposa del trabajador y a través del abono de horas extraordinarias.

Esta segunda fórmula dio como resultado nóminas «sorprendentes» que llamaron la atención a otros compañeros y fue lo que propició la denuncia.

El Consistorio, sostiene el fiscal, repartió el pago de los trabajos en mensualidades y se dio el caso que, por ejemplo, en febrero de 2009, cobró 3.392 euros sólo en gratificaciones. Supuestamente tenía que haber realizado 349 horas extras en un mes; «lo que daría lugar a trabajar doce horas y media, ininterrumpidamente, incluyendo fines de semana, más la siete horas de su jornada laboral». Algo que al fiscal le resulta imposible de creer.

A Eva Corrales, que fue delegada de Fiestas y Relaciones Institucionales durante el periodo investigado, le pide una pena de cuatro años y ocho meses de prisión por un delito de falsedad continuada en documento oficial y cinco años de inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo en el Gobierno municipal. Además, solicita otros diez años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada.

El fiscal pide inhabilitar por ocho años a Lorenzo Sánchez, a quien acusa de prevaricación. Sin embargo, no incluye pena de cárcel. El Ministerio Público marca una diferencia entre el que fuera alcalde que habría autorizado como máximo responsable de la Corporación esos encargos; y los concejales que validaron con sus firmas las facturas y el abono de las horas extraordinarias.

Así, el sucesor de Corrales en la concejalía de Fiestas, Ismael Puyana, se enfrenta a una pena casi gemela a la de la alcaldesa: cuatro años y seis meses de cárcel y diez de inhabilitación. Este exedil también está imputado en otro de los frentes judiciales, el 'caso uniformes'.

El fiscal quiere también sentar en el banquillo a dos responsables técnicos, un funcionario, el que fuera interventor accidental del Ayuntamiento, al trabajador municipal que se benefició de los encargos y a su esposa. El matrimonio se juega una pena de inhabilitación pero él, además, tiene encima de la mesa una petición de dos años de cárcel.