El interventor de Rota que no veía nada irregular en el sobresueldo del funcionario

Los asuntos judiciales con responsables municipales imputados dejaron de ser una anécdota desde que la corrupción política se convirtió en tema recurrente en los medios de comunicación y en materia habitual de las diligencias que se instruyen en los juzgados. Y en esta pluralidad de asuntos, no en pocas ocasiones aparecen coincidencias más que evidentes en las estrategias que siguen las defensas e incluso en las respuestas que ofrecen alcaldes y munícipes bajo sospecha.

Una línea argumental escuchada en exregidores procesados y condenados como Hernán Díaz (El Puerto) o Pedro Pacheco (Jerez) cuando se les ha interrogado acerca de decisiones acordadas que violaban normas urbanísticas o se saltaban leyes que regulan aspectos como las contrataciones públicas, se volvió a esgrimir ayer en los juzgados de Rota.

La alcaldesa Eva Corrales y el primer teniente de la Corporación local, Lorenzo Sánchez, fueron interrogados por la jueza del nº 2 en calidad de imputados por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción acerca del sobresueldo irregular que ha venido cobrando un funcionario durante años. El Consistorio le encargó la confección de prendas, como las bandas para las ninfas de carnaval, y exornos para los edificios municipales cuando un empleado de la plantilla municipal tiene vetado hacer negocios con el Consistorio para el que trabaja. Un día antes habían pasado por sede judicial los otros imputados en este procedimiento.

El 'habitual' desconocimiento

Corrales y su mano derecha en el Gobierno local no negaron los hechos, pero justificaron esta práctica porque nadie les advirtió de que se trataba de un procedimiento irregular de contratación en el ámbito de la Administración. Ambos, de amplia experiencia política, lideran una alianza con cerca de 30 años de vida y que ha dirigido el Consistorio roteño de forma ininterrumpida desde 2003. Al igual que otros regidores investigados, procesados y condenados no asumen responsabilidades y descargan culpas en técnicos y funcionarios.

Pero más llamativa fueron las respuestas ofrecidas por otro de los ocho imputados en esta causa, el funcionario que ejerció de interventor entre 2007 y 2010 -periodo investigado por la Guardia Civil-. Pese a la responsabilidad que tenía en el Consistorio, aseguró ayer ante la jueza que no vio nada irregular en los encargos que se hacían al funcionario, que nada tenían que ver con su puesto de trabajo; y en la manera de retribuirlos mediante ficticias horas extraordinarias. Según recoge la denuncia del Ministerio Fiscal, a este empleado el Ayuntamiento le llegó a abonar hasta 4.398 horas extras en cuatro años.

El fiscal denunció también al interventor porque entiende que dado su puesto debía conocer la normativa tanto de contrataciones y de incompatibilidades para empleados públicos y no alertó de estas irregularidades. Según algunos de los implicados en este asunto -el tercer frente judicial abierto que tiene el actual Gobierno local-, este chanchullo con el trabajador municipal llevaba años realizándose incluso durante la etapa socialista. Así lo declararon ante la Guardia Civil, según fuentes del caso.

El fiscal, que recibió el año pasado una denuncia de IU, defiende que el Ayuntamiento de Rota debió haber convocado un concurso público y abrir la posibilidad de que se presentara cualquier empresa interesada; sin embargo, encomendó esta tarea a un ayudante administrativo que tiene un taller casero en su casa. Por este trabajo, el funcionario llegó a percibir 42.363 euros sólo en horas extraordinarias entre 2007 y 2010.