Fijan dos declaraciones antes de archivar la pieza política de los cursos de formación

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha fijado para el 13 de septiembre dos declaraciones judiciales en la pieza política de los cursos de formación pagados con fondos públicos antes de que se decrete el archivo de la causa, en la que están acusados 24 responsables socialistas de la Junta de Andalucía.

El 13 de septiembre está previsto que declare la ex directora general de Formación Teresa Florido, cuñada del exconsejero andaluz Ángel Ojeda y una de las personas imputadas, que ha pedido comparecer ante la juez de forma voluntaria.

Además, ese día está previsto que declare como testigo la interventora provincial de la Junta en Sevilla, la única de las ocho provincias andaluzas que falta por declarar como testigo y cuya comparecencia se ha retrasado por enfermedad, han informado a Efe fuentes judiciales.

La pieza política de los cursos es una de las nueve en las que está dividida la macrocausa de los cursos de formación, una decisión que adoptó la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.

Esta pieza, en la que están acusados, entre otros, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, se archivará una vez que la Fiscalía Anticorrupción le remita a la juez un escrito pidiendo el archivo de la causa, lo que previsiblemente ocurrirá en las próximas semanas.

Para el archivo se argumentará, entre otros motivos, que en esta causa hay irregularidades administrativas pero no delitos, como han dicho dos jueces de Sevilla y Jaén, que han adoptado la misma resolución dentro de las causas abiertas en las ocho provincias andaluzas.

En esta pieza política también están imputados otro ex director general de Formación, dos ex directores generales de Empleabilidad y Formación Profesional y nueve delegados provinciales de Empleo, uno de cada una de las ocho provincias andaluzas, menos en la de Sevilla, con dos acusados.

Además, están acusados diez jefes de servicio, uno de cada provincia excepto en las de Granada y Sevilla, con dos imputados en cada una.

El futuro archivo se basa en las declaraciones prestadas como testigos por siete de los ocho interventores provinciales de la Junta de Andalucía, y también en la declaración de junio pasado del ex interventor general Adolfo García Fernández, que pidió el PP.

En su declaración, el exinterventor aseguró que en la justificación de los cursos hubo «dilación que puede conllevar un riesgo, no que exista», y añadió que su trabajo, que desarrolla desde 1985, «es detectar un riesgo y ponerlo en conocimiento», lo que «nunca ha supuesto un procedimiento penal» excepto en este caso.

«Ese menoscabo no lo ha apreciado en ningún expediente», concluyó el interventor a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, según recoge su declaración.

La macrocausa por los cursos de formación la abrió la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya, que en marzo de 2015 ordenó la detención de 13 de los políticos acusados dentro de la denominada operación Barrado, que quedaron en libertad sin ninguna medida cautelar, algunos tras pasar dos días detenidos en los calabozos.

La juez Alaya cifró en 950 millones de euros el dinero pendiente de justificar por cursos de formación pagados entre 2009 y 2013, y atribuyó esa actitud a la «desidia» o el «dolo» de responsables de la Junta de Andalucía.