Denuncian usurpación de 1.625 plazas de profesores de Secundaria

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha registrado un requerimiento formal por el que insta a la Consejera de Educación, Adelaida de la Calle, a que la totalidad de las plazas correspondientes a las enseñanzas secundarias se oferten a docentes de los cuerpos de Enseñanza Secundaria, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente.

En el escrito presentado, el sindicato de Secundaria expone que, tras un análisis de las plantillas de trabajo docentes del curso 2015/2016, han detectado al menos 1.625 plazas que se corresponden con cursos de Secundaria (ESO fundamentalmente) que no están siendo impartidas por el personal al que la Ley Orgánica de Educación, como antes hizo la LOGSE, asigna legalmente esas enseñanzas, es decir los cuerpos de Secundaria, tanto Catedráticos como Profesores, ni tampoco a los docentes que se adscribieron de forma excepcional a la Secundaria por la disposición transitoria de la LOGSE, que se concretó en Andalucía en 1996.

Manuel Fernández, presidente de APIA ha manifestado que «estas plazas que se están detrayendo de los cuerpos de Secundaria se sitúan en los centros conocidos como semi-D, de cuya legalidad tenemos serias dudas». Los «semi-D» son centros de infantil y primaria a los que la Consejería autoriza a impartir cursos de la ESO, alegando problemas de desplazamiento del alumnado pese a que muchos se sitúan en capitales como Córdoba, Granada o Jaén. Fernández recuerda que este número de plazas, que deberían ofertarse a los cuerpos de Secundaria, «es prácticamente similar a las plazas que se convocan para las oposiciones de 2016, que sólo con esta medida podían haber sido el doble, o al menos 1.625 interinos de las bolsas de Secundaria podrían haber trabajado este curso y no lo han hecho». Señala que las especialidades de Matemáticas, Geografía e Historia, Inglés, Francés y Educación Física son las más perjudicadas por esta situación.

Este requerimiento de APIA se suma al recurso presentado ante la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el que impugnaron la Orden de 1 de diciembre de 2015 de la Consejería de Educación, que ampliaba el número de líneas de Secundaria que se imparten en colegios de educación infantil y primaria. APIA pretende evitar que este tipo de procesos se convierta en una «puerta falsa» para crear nuevas habilitaciones sin que existan procedimientos legales que permitan este transvase de cuerpos, «curiosamente siempre perjudicando al cuerpo de Secundaria y nunca a la inversa», apostilla Fernández. APIA señala que, en lugar de realizar «este tipo de apaños de dudosa legalidad», que sólo contribuyen a la degradación de la enseñanza pública en Andalucía –como indican diversos estudios internacionales- podrían crearse secciones de IES en los lugares más alejados, para que el alumnado sea atendido por profesores de la etapa correspondiente al nivel académico que cursan, tal y como marca la legislación.