Anticorrupción pide que la investigación del caso ERE dure 18 meses

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que declare de «especial complejidad» la causa relativa a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, que permitiría a la magistrada disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita los plazos de la instrucción para las causas judiciales. La Fiscalía también ha realizado la misma solicitud sobre la macrocausa del fraude de los cursos de formación.

En un escrito elevado al Juzgado el pasado día 9 de diciembre de 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra realizan esta petición al amparo de lo establecido en la Disposición Transitoria Única de la Ley 41/2015 y de conformidad con lo establecido en el artículo 324.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Uno de los cambios introducidos con la reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy es la reducción a seis meses del plazo máximo de la instrucción, al objeto de contrarrestar la idea de lentitud de la Justicia. La nueva disposición legal permite ampliar la causa durante 18 meses adicionales siempre que la Fiscalía solicite que sea declarada su complejidad.

En este sentido, los representantes del Ministerio Público solicitan a la magistrada que declare la causa de los ERE irregulares como de instrucción compleja al estimar razonablemente que la investigación no podrá completarse en el plazo mínimo estipulado de seis meses.

De este modo, la Fiscalía Anticorrupción considera que, tal y como establece la Ley, el caso tiene por objeto numerosos hechos punibles, involucra a gran cantidad de investigados o víctimas, exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis y, por último, precisa de la revisión de la gestión de personas jurídicos-privadas o públicas.

Los representantes del Ministerio Público, en base a todo ello, solicitan a la juez María Núñez que declare el caso ERE de especial complejidad y fije un nuevo plazo de instrucción inicial de 18 meses, «a contar desde la entrada en vigor de la Ley 41/2015».

División del caso

El 30 de julio de 2015, la juez Núñez acordó dividir el caso en piezas, en contra del criterio mantenido por su antecesora en el puesto, mientras que en noviembre rediseñó esa división, dejando como pieza matriz la causa originaria de los ERE de 2011, de ayudas sociolaborales y directas, y desgajando de esta matriz otras seis piezas con las que se comienza a trabajar, dándoles una tramitación preferente con el fin de que puedan ser enjuiciadas en el menor tiempo posible.

Así, la magistrada acordó desgajar de la pieza matriz el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo (fallecido el pasado viernes de un infarto) y José María Sayago.