La Diputación de Granada busca diluir su responsabilidad en el caso Mercamed

La Diputación de Granada ha sustituido al letrado que defiende los intereses de la sociedad Granada Innova, dependiente de la institución provincial, en el conocido como caso Mercamed en el que se van a juzgar las responsabilidades penales que pudo tener el Gobierno bipartito de PSOE-IU por la organización de una feria empresarial en Marruecos en 2011.

El PP sospecha que la intención final del PSOE, que gobierna ahora la Diputación de Granada en solitario, es «salirse» de este proceso judicial en tanto en cuanto el nuevo letrado defiende que no hay «alcance» para la empresa a pesar de que 30.000 euros de su presupuesto pudieron servir «sin ningún soporte legal» para la financiación de parte de esta feria en la que no tenía competencias.

El dinero pudo destinarse a un curioso imprevisto: el pago en el paso fronterizo de los aranceles que afectaban a los productos que iban a mostrar algunos empresarios granadinos en la feria.

«Lógicamente, de hoy para mañana en una administración no se pueden tener 30.000 euros» por lo que supuestamente los «cogieron» de la empresa lo cual «era mucho más fácil y los usaron no sabemos para qué», ha destacado el portavoz del PP en la Diputación, José Robles, que ha apuntado a una posible relación de este cambio de estrategia con el apoyo de Izquierda Unida al PSOE en la provincia hace un año.

En el caso Mercamed, la acusación provisional de la Fiscalía va dirigida contra once imputados entre ellos el que fueravicepresidente segundo de la institución, Julio Bernardo, por IU, en el mismo periodo en el que el vicepresidente tercero era José Entrena, hoy presidente por el PSOE.

El Ministerio Público reclama penas de hasta ocho años y cinco meses de cárcel para los procesados, gestores de la Diputación y particulares que «se concertaron entre sí con la finalidad de adjudicar los contratos ofertados a empresas y personas determinadas llevando a cabo el proceso a través de la modalidad de contratos menores sin publicidad».

Al ser Granada Innova una de las sociedades que se utilizó en estos tejemanejes, el PP reclama poner todos los medios para saber «quién se quedó y adonde fueron a parar» los 30.000 euros cuyo destino final se investiga.

Ello iría en contra de la nueva estrategia de la Diputación Provincial con un letrado que de entrada ha indicado la empresa pública pudo no verse afectada pese a que hay un informe del interventor general que apunta todo lo contrario. En este sentido, el antiguo abogado, que según el PSOE expresó su voluntad de dejar el caso, «estaba a punto de presentar la calificación» adhiriéndose a la petición del fiscal.

El nuevo letrado, según ha informado Robles, es el mismo que ha sido contratado para la acusación particular en el caso Visogsa que por la apertura de diligencias previas «va a cobrar la módica cantidad de 14.000 euros».

El dirigente popular ha sido claro al destacar que «queremos saber qué hay detrás de esta decisión de cambiar un abogado por otro, máxime cuando Entrena dice defender la legalidad y el interés general». Así, el PP no entiende que el actual presidente esté «tapando las vergüenzas de aquel Gobierno» bipartito con IU bajo la dirección del socialista Antonio Martínez Caler.