Las letradas de Stop Desahucios cobraron 1.750 euros por 26 consultas

La memoria de actuación de las dos abogadas contratadas a dedo en noviembre y diciembre por la Oficina municipal de la Vivienda señala que cobraron 1.750 euros por 26 consultas. Una de ellas fue relativa a un caso de ocupación de un piso, pese a que el Código Penal considera esa práctica como un delito.

Como reveló ABC, la Concejalía de Servicios Sociales (IU) contrató de forma directa a dos abogadas del equipo legal de Stop Desahucios para que realizaran el trabajo de asistencia legal a personas que buscan ayuda en la Oficina de la Vivienda municipal, abierta en septiembre de 2015. La medida se adoptó ante la ausencia de personal municipal que pudiera hacerse cargo de esta tarea y por las reticencias de la Asesoría Jurídica Municipal por defender intereses de privados.

El decreto para esta actividad lo firmó el edil Rafael del Castillo, también activista de Stop Desahucios, dividiéndolo entre dos profesionales, que cobrarían como máximo 3.000 euros cada una. De esa forma, dicha actividad se mantenía en los límites de un contrato menor (que no precisa de pedir ofertas comparativas).

Cuatro niveles para tarifas

Pues bien, la memoria de ejecución de este servicio de asesoría jurídica, a la que ha tenido acceso ABC, indica que esas dos letradas cobraron 1.750 euros por su trabajo (850 una y 900 otra). Por realizar 26 asistencias. Las tarifas quedaban establecidas en un rango que iba del nivel uno, cuando la consulta no excediera las dos horas de duración, hasta la escala cuatro, cuando el asesoramiento supusiera más de cinco horas e implicara especial complejidad.

En dicha memoria, dentro de las líneas de trabajo que recogía uno de los contratos, una de las abogadas recoge su intervención en casos de «usurpación de viviendas por familias» sin opción habitacional. Entidades como Stop Desahucios defienden en casos de extrema necesidad que los desahuciados ocupen pisos de los bancos. Pese a las matizaciones humanas que implica esta lacra social, hay que puntualizar que el Código Penal recoge dicha ocupación como un delito y el Ayuntamiento no debe colaborar a ella.