La jueza podría archivar la causa política de los cursos contra Antonio Fernández y María José Lara

La juez María Núñez Bolaños archivará la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, como es la que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas, entre ellos el de Córdoba, Antonio Fernández.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la magistrada dictará en los próximos meses un auto en el que archivará la referida pieza, una de las nueve en que dividió la causa en diciembre del pasado año 2015, al no apreciar delito y considerar que únicamente se habrían cometido irregularidades administrativas.

También están imputados 13 ex altos cargos de la Junta que fueron detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la «operación Barrado» desarrollada en marzo de 2015, entre ellos las ex directoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta, la lucentina María José Lara, y María Teresa Florido, que es cuñada del exconsejero Ángel Ojeda.

Irregularidades administrativas

En su día, la juez Mercedes Alaya -ahora en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla- aseguró en distintos autos que desde la Consejería de Empleo se impartían «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales «para que no se controlara el dinero» destinado a la formación, «creando de esta forma una red de clientelismo político», una idea que decae con el futuro archivo de la pieza «política» de la causa.

La juez María Núñez archivará esta pieza de la causa de los cursos de formación, decisión que con toda probabilidad contaría con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción,después de haber tomado declaración al ex interventor general de la Junta Adolfo García Fernández y a los interventores en siete provincias andaluzas.

En sus comparecencias como testigos, los interventores de la Junta de Andalucía han coincidido en señalar que tan sólo apreciaron irregularidades administrativas y que si hubieran observado indicios de delito lo hubieran denunciado.