CASO ASTAPA
La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para José Romero de Prasa por el caso Astapa
El Ministerio Público imputa al empresario cordobés los delitos de fraude y falsedad documental por dos convenios urbanístico de 2004 y 2007
La Fiscalía de Málaga , que dirige la acusación del caso Astapa en el Juzgado de Instrucción 1 de Estepona , pide cuatro años y medio de prisión para José Romero González, presidente de la cordobesa Grupo Prasa. El Ministerio Público lo posiciona como «autor material» de un presunto delito de fraude y «cooperador necesario» de otro de falsedad documental . Por ambas infracciones solicita también que sea condenado a una multa de quince meses en cuotas de 20 euros y su inhabilitación para cargo público durante cuatro años.
José Romero es acusado en base a dos convenios urbanísticos. El primero de los casos es en «El Ángel» y arranca, según la calificación fiscal a la que ha tenido acceso ABC, entre los años 2001 y 2003. Es cuando la sociedad cordobesa adquirió, mediante compra o permuta, dos fincas de unas cinco hectáreas de suelo urbanizable en Huerta Abela y El Ángel, cerca del mar y del núcleo urbano para construir 190 viviendas de lujo, locales comerciales, garajes y trasteros en primera línea de playa .
El suelo fue desarrollado por el sistema de compensación, previo pago de comisiones por imposición de los responsables municipales del PSOE y el Partido de Estepona (PES) según la investigación. En el caso de Prasa, poco antes de la aprobación definitiva en octubre de 2003 del Estudio de Detalle y del Proyecto de Urbanización tuvo que entregar al menos 30.000 euros para financiar actividades culturales del programa «Verano 2003» –según el documento–.
Negoció los pagos
Más adelante la empresa de José Romero tuvo también que abonar –siempre según la calificación– otros 330.000 euros para gastos de personal . Fue tras la firma del convenio urbanístico en el que se aprobaron los proyectos de compensación y reparcelación de la zona el 11 de febrero de 2004, entre el apoderado de la empresa Diego Romero y el entonces alcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos, a quien piden más de 10 años de cárcel en esta causa.
La Fiscalía cree probado que fue José Romero González quien, como administrador de la sociedad, llevó el peso de la negociación con el entorno de la Alcaldía y los responsables de Urbanismo antes citados.
Esto lo aprobó el pleno municipal sólo con el voto de los partidos PSOE y PES, «pese a que la oposición denunciaba insistentemente la infravaloración de los suelos enajenados ». Las obras de urbanización arrancaron en abril de 2004. Según la Ministerio Público, Prasa asumió la obligación legal de ceder al municipio el 10 ciento del aprovechamiento del sector, que alcanzaba un volumen de 1.626,83 metros cuadrados de techo de edificabilidad. Al mismo tiempo, mostraba interés en adquirir esos derechos edificatorios por su valor de mercado, según determinaran los Servicios Técnicos Municipales.
«José Romero González acordó con el Jefe de Gabinete de Alcaldía que, para burlar el destino legal de una parte de esos fondos , se manipularía a la baja la valoración municipal para reducirla a poco más de la mitad del precio real», señala la Fiscalía, que dice que Prasa tasó los terrenos en más de 1,6 millones de euros.
Manipulación de tasaciones
Fue Javier Witmeur de la empresa municipal Desarrollos Municipales de Estepona S.L. quien recibió el encargo de realizar la tasación oficial de los aprovechamientos y « se prestó a manipularla hasta obtener los resultados previamente pactados por los negociadores del convenio». El 25 de noviembre de 2003 presentó los resultados, en los que «minimizaba notablemente» el previsible aumento de precios durante los cuatro años de ejecución y «omitía cualquier justificación que respaldara los valores atribuidos a las futuras viviendas, costes de construcción, gastos y beneficios de la promoción y otras variables del sistema».
Pese a que conocía el proyecto, la Fiscalía dice que «Witmeur omitió adrede el cómputo de los aprovechamientos comercial y bajo rasante y estableció de forma arbitraria un valor unitario de 600,87 euros por metro cuadrado, con una tasación del total de los aprovechamientos enajenados en 977.508 euros». Sin embargo, esos derechos edificatorios de titularidad municipal tenían, en aquel momento, un valor de mercado superior a los 1,5 millones de euros por la localización y exclusividad del suelo, ubicado en uno de los escasos espacios vacantes en primera línea de playa.
«No obstante, en este caso, la infravaloración de aprovechamientos no supuso un beneficio económico para Grupo Prasa, que volvió a desembolsar otros 1,5 millones de euros para cumplir con las obligaciones reflejadas en el convenio «El Ángel», pagando a requerimiento de Juan Flores Simón, jefe de Gabinete de Alcaldía, u otros responsables, donaciones, gastos corrientes del Consistorio o contrataciones de empresas para actividades, entre las que no se consigue acreditar que se financiaran actos de campaña de ambos partidos.
Distracción de fondos
La Fiscalía dice que José Romero González «autorizó personalmente todos estos pagos y aceptó la infravaloración del convenio en la certeza de que su empresa no sacaría de ahí ningún beneficio». También explica que era «plenamente consciente» de que ese acuerdo sólo podía llevarse a efecto « manipulando documentos oficiales y que permitiría la distracción de fondos ».
En cambio, no se acredita que el Ayuntamiento de Estepona sufriera algún perjuicio patrimonial a consecuencia del nuevo convenio «Estepona Playa» del 20 de noviembre de 2007 para establecer compensaciones por el derribo de la estructura del hotel Estepona Playa , que Prasa levantó en la avenida de España invadiendo la franja costera, pero «amparada por una licencia municipal de obras otorgada indebidamente en el año 1999».
Prasa conservó una edificabilidad 7.203,80 metros cuadrados en el solar resultante del derribo y obtuvo el compromiso municipal de « incrementar notablemente en el futuro planeamiento la edificabilidad asignada a otro solar de su propiedad en Arroyo Antón», siendo el valor de mercado de estos aprovechamientos inferior a los más de diez millones de euros invertidos por la promotora en construcción y derribo del hotel.
