Sociedad

«Es vergonzoso que a mis sobrinos les quede una paga trimestral de 72,75€ tras el asesinato de su madre»

Tres años después de la muerte de Andrea Picazo, su hermano José Antonio sigue quejándose de la lentitud del proceso judicial y de la desigual atención que recibe el presunto agresor con respecto a los hijos de la víctima, que hoy tienen 7 y 12 años

Andrea Picazo, asesinada el 2 de noviembre de 2013
Andrea Picazo, asesinada el 2 de noviembre de 2013 - JOSÉ ANTONIO PICAZO

José Antonio Picazo es el hermano de Andrea Picazo Moratalla, cuyo asesinato ha cumplido esta semana tres años. El 2 de noviembre de 2013 Villanueva de la Jara, en la provincia de Cuenca, se tiñó de negro por la muerte de esta joven, que dejaba dos niños huérfanos de 4 y 9 años entonces. El padre de los pequeños y marido de la víctima la estranguló hasta su fallecimiento.

Como cada año, no solo recuerda la condición de indefensión en que sus sobrinos quedaron por «obra» de su padre, sino que esgrime su queja por el retraso y los errores judiciales en causas de violencia de género.

En una carta abierta dirigida a varios medios, entre ellos a ABC, José Antonio protesta: «Los menores y demás personas afectadas fehacientemente por ese asesinato deben ser considerados víctimas y atendidos como tal por el Estado. Los menores deberían tener cubiertos, de forma solvente, sus derechos educativos, sociales y económicos. En mi caso, tengo un juicio pendiente con la Seguridad Social ya que a mis sobrinos, hijos de una mujer asesinada y con su padre en la cárcel, les fue denegada la ayuda por orfandad alegando que mi hermana no había cotizado 15 años todavía. Señores, por desgracia están muriendo mujeres de todas las edades y no a todas les ha dado tiempo a cumplir dichos plazos. Me parece vergonzoso que lo único que les corresponda a unos niños que tienen toda una vida por delante sea una paga trimestral de 72,75€». Cabe decir que en 2015 se modificó el Estatuto de la Víctima de Violencia de Género, para incluir a los niños como víctimas de pleno derecho dentro de la normativa.

«La Justicia tiene que responder, en tiempo y forma, a este problema con la celeridad que exige el grave desarraigo familiar que producen este tipo de asesinatos. No puede ser que habiendo un asesino confeso, como en nuestro caso, hayamos tenido que esperar 30 meses para que le juzguen [se refiere al padre de sus sobrinos y asesino confeso de Andrea]. Una justicia a destiempo es una flagante injusticia».

El pasado jueves, en el VI Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial (CGPJ), era la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, la que asumió, en un ejercicio de autocrítica, que los juristas suscitan cierto malestar entre las víctimas, porque hay jueces que han presentado algunas dudas ante ciertos casos de violencia de género. Esto mina la confianza que víctimas y familiares depositan en los procesos, añadió Ortega, en presencia, entre otras autoridades, del presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. El propio Observatorio coincidió en los últimos datos presentados, referentes al tercer trimestre de 2016, en que un 15% de las maltratadas se retiran en el proceso judicial contra sus agresores.

«Como hermano de Andrea, me siento en la obligación de hacer ver (porque he padecido la acción de una justicia decepcionante) que la violencia de género es algo que los poderes públicos no se han tomado realmente en serio, de cara a buscar soluciones efectivas, dejando a su paso resoluciones, a todas luces, injustas, aunque se vean amparadas por un Derecho para nada acorde con las graves consecuencias humanas y sociales de este tipo de delitos. Exigimos que se cambie la actual legislación, al objeto de adecuarla a la gravedad del delito y a sus consecuencias humanas, familiares y sociales. Siempre será un asesinato violento, como en el caso del terrorismo, y para nada homicidios, en los que se solapan bastantes sentencias imposibles, como sucedió con mi hermana Andrea».

Completa José Antonio Picazo esgrimiendo sus quejas contra el sistema judicial: «En nuestro caso, nos hemos visto forzados a aceptar un acuerdo puesto que la justicia, en estos casos y por desgracia, no garantiza una pena justa sino todo lo contrario y los grandes perjudicados, como siempre, son mis sobrinos. Quiero dejar claro que de no haber sido esto lo menos perjudicial para los niños, jamás hubiéramos aceptado tal acuerdo, pero desafortunadamente, nuestro sistema judicial no da más margen de maniobra a las otras víctimas de la Violencia de Género como son (particularmente) los hijos».

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