Denuncian irregularidades en la paralización del ATC por la Junta de Castilla-La Mancha

El pulso que mantienen el ayuntamiento de Villar de Cañas y 1.600 vecinos de otros municipios contra el intento de la Junta de Castilla La-Mancha de paralizar la construcción del almacén de residuos nucleares (ATC) se reactiva. La plataforma de afectados por la decisión del Gobierno socialista de García-Page de ampliar las hectáreas protegidas de la Laguna de Hito -incluyendo los terrenos del pueblo conquense donde se ubicaría el ATC- ha presentado un escrito de alegaciones en el que piden información sobre la apertura del supuesto procedimiento de participación pública. Según esta plataforma, el trámite no se habría llevado a cabo correctamente, lo que invalidaría todo el proceso.

La abogada de los afectados, Pilar Martínez, asegura a ABC que «se han cometido irregularidades y faltan trámites que marca la Directiva hábitat y la legislación estatal, entre otros, la apertura por los cauces legalmente previstos de un procedimiento de participación pública, del cual en este momento, no consta su publicación, ni su fecha de inicio, ni de finalización, aunque en escritos que remite la Junta se dice que existe uno abierto y que finaliza en enero».

Tampoco, siempre según los afectados, existirían los estudios científicos previos que se exigen para que una zona pase a ser espacio protegido o se amplíe, como es el caso de los espacios y figuras Red Natura 2000 de la Laguna de Hito. De no existir, la plataforma considera que el acuerdo de ampliación publicado en julio de 2015, sería una «declaración vacía», sin efecto jurídico alguno.

Este pasado verano, el ayuntamiento de Villar de Cañas ya presentó alegaciones contra la ampliación de este espacio protegido por considerar que se había usado un inventario obsoleto de Áreas de Importancia para las Aves, elaborado por la Sociedad Española de Ornitología en 2008. Además, los afectados recuerdan que ya se aprobó recientemente un plan de gestión en el que se presentaron planos y fichas normalizadas por la Comisión Europea. Y entonces no se planteó ampliación alguna.

Abuso de derecho

De no existir los procedimientos previos de participación pública, los mapas que definan perfectamente el nuevo espacio o los estudios que justifiquen dicha ampliación, «el procedimiento resultaría nulo y confirmaría que el verdadero objetivo no es el de la protección de la Naturaleza, sino la paralización del proyecto del ATC», insiste Pilar Martínez. que califica esta conducta de «fraude de ley y abuso del derecho».

La declaración de una figura de protección reporta beneficios medioambientales para el conjunto del país, pero exige un plan de gestión que lleva aparejado una importante limitación de derechos a los residentes y propietarios, además de la declaración de utilidad pública a los efectos expropiatorios y el nacimiento de derechos de retracto y adquisición preferente a favor de la Administración en cualquier transmisión a título oneroso de esos terrenos, lo que puede devaluar las propiedades. Es por ello, que la normativa exige estudios previos y rigurosos que justifiquen esa protección y la participación de los afectados en la elaboración de estas normas.

Hasta el Supremo

En el caso de que la Junta no contestase, los afectados presentarán alegaciones «Ad cautelam» en vía administrativa, y, en su momento, demandas de contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Y si fuese preciso, afirman que llegarán al Supremo, sin descartar la vía penal o el inicio de procedimientos ante la UE.