El Comité de Bioética propone una alianza internacional para prohibir la maternidad subrogada en el mundo

Un informe minucioso de 92 páginas ha cerrado la primera puerta a la regulación de la maternidad subrogada, también conocida como «vientres de alquiler» y en el que una mujer gesta al hijo de otros. El Comité de Bioética de España, un organismo consultivo del Ministerio de Sanidad, cree por unanimidad que «existen sólidas razones» para rechazarla. «El deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. Todo contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor; por tanto, no puede aceptarse por principio», asegura en sus conclusiones.

La propuesta no se limita a rechazar su regulación en España.

También se insta al Gobierno español a promover una alianza internacional para prohibir la gestación subrogada en el mundo. Y mientras este llamamiento se fragua, se plantea multar a las agencias que hacen negocio con esta práctica, poniendo en contacto a ciudadanos españoles con mujeres de otros países donde sí está permitida esta práctica. Se trata solo de una recomendación de un organismo independiente que Sanidad no está obligada a asumir, aunque la ministra Dolors Montserrat había manifestado su interés por conocer la opinión del Comité de Bioética de España en una cuestión tan delicada como la gestación subrogada.

Con su propuesta, este órgano asesor intenta resolver la paradoja que se vive en nuestro país: aunque nuestra legislación no permite esta práctica, si un español concibe un niño por gestación subrogada en Ucrania, India, Rusia o en cualquier otro país donde sea legal, al regresar a España puede inscribir a su hijo en el Registro Civil. Se comete un fraude de ley y, se legaliza, por la puerta falsa el procedimiento.

La Ley de Reproducción Asistida tampoco prohíbe expresamente los contratos de gestación subrogada, solo indica que son nulos, por lo que no existe ningún tipo de sanción para quienes lo firman. El Comité de Bioética por eso propone que se sancione a las agencias que se dedican a esta actividad. «Solo en el caso de que estas medidas resultaran insuficientes se debería considerar la posibilidad de recurrir a otras medidas legales para reforzar su cumplimiento», indican.

Trancisión segura

Conscientes de que hay «un número indeterminado de españoles» inmersos en este tipo de procesos, el organismo asesor pide una «transición segura» para que ningún niño nacido por esta práctica quede desprotegido. Se propone seguir la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en 2014 en la que se muestran otras vías como el acogimiento o la adopción.

La opción más utópica

La solución no es fácil, como se demuestra con este informe. Los doce expertos que han elaborado estas recomendaciones han debatido durante seis meses todas las opciones hasta acordar su propuesta. En este tiempo también se valoró la posibilidad de autorizar la subrogación de forma altruista, con condiciones tan estrictas como las que se rigen los trasplantes, como adelantó ABC. Eso implicaría que las mujeres dispuestas a ceder su cuerpo para gestar el hijo de otros lo harían libremente, con la supervisión de un juez, sin cobrar por ello y sin ningún otro tipo de contraprestación. Finalmente, se ha optado por la opción más utópica, la que llevaría a España a liderar la batalla internacional para poner fin a los contratos de subrogación en el mundo y evitar, así, la explotación de la mujer.

Sin embargo, algunos miembros del comité han peleado por esta opción. Uno de ellos, Carlos María Romeo Casabona, ha emitido un voto particular en el que no descarta la posibilidad de legalizar este proceso si se hace de forma atruista. «Me cuesta admitir que no pueda haber mujeres no emparentadas capaces de un gesto solidario relevante», escribe en el informe. También reconoce que pese a la minuciosidad, el documento no resuelve el problema de «un asunto tan complejo».

El debate no termina aquí. El informe es solo consultivo y ni siquiera lo había reclamado el Ministerio de Sanidad, pero ha entrado de lleno en la agenda política. La subrogación provoca profundas dudas en partidos políticos, tanto en las líneas conservadoras como en las progresistas, y ha favorecido en los últimos meses enfrentamientos en colectivos que tradicionalmente han hecho piña, como el de lesbianas y gais. El próximo asalto se verá en el Parlamento. Ciudadanos ha propuesto que se discuta en el Congreso de los Diputados «porque no se puede seguir dando la espalda a la realidad», como expuso su portavoz Inés Arrimadas.