España: un país gamberro

El Real Decreto Ley no convalidado por el Congreso, solo trataba de adaptar la normativa española a la legislación de la UE. En absoluto era una medida de naturaleza ideológica. No se puede atribuir su tramitación a la ideología liberal del PP, que no sé si algún día la tuvo, pero que ahora hace gala de encontrarse en las antípodas. El PSOE tiene un gran problema porque el centro derecho español es socialdemócrata por excelencia. Incluso el que se autodenomina ahora liberal demócrata, el C’s también se opuso Pero no nos engañemos, el moderno liberalismo democrático, término acuñado por Rawls, es un nuevo sucedáneo de la socialdemocracia.

Todo lo acontecido, no ahora sino desde época inmemorial, es una suma de desatinos y cobardía política.

Sin necesidad de retrotraernos a plena Edad Media, momento de conformación de los gremios y posiblemente este por excelencia, debemos retrotraernos al año 2003. Una española defendía con ahínco en el Parlamento Europeo la adecuación de la legislación europea en materia de servicios portuarios, para adaptar la normativa UE a los principios inspiradores del Derecho de la UE: libertad de establecimiento y prohibición de monopolios. Era Loyola de Palacios. Hubo de posponer la solución propuesta por ésta. Hicieron falta siete años para que madurase la cuestión y en 2010, se legisla desde Europa para liberalizar los servicios portuarios. En España gobernaba ZP, quien una vez más hizo caso omiso a su deber : adecuar nuestra legislación a las exigencias de la UE. Además existía el precedente asumido por la izquierda española como bandera, de asumir la legislación internacional haciéndola propia en España. Es lo que decía el artículo 7 Constitución republicana de 1931: «El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo». En ese momento ‘bambi’ ya había perdido el norte y posiblemente hasta renegaba de su abuelo el republicano. La tramitación de todo lo concerniente con el Estatuto catalán, había terminado por desbaratar su debilitada intelectualmente hablando cabeza. El PP pudo desde noviembre de 2011 adecuar la Directiva, pero no lo hizo. En 2014 se dictaba la sentencia, tampoco se cumplió. Ahora nos amenazan con razón. En Europa a los incumplidores los llaman gamberro. Somos unos pillos. Somos como Rinconete y Cortadillo desde 1612, fecha de su publicación. Cuando se presentan en Sevilla a Monipodio, jefe de uno de los gremios de ladrones (así lo define Cervantes en sus ‘Novelas Ejemplares’), Sevilla era ya el principal puerto de España. Los galeones reales arribaban al Arenal, donde se ubicaban los muelles de Sevilla. En pleno siglo XVI ya operaba la ‘cosa nostra’ a nuestra costa, por encontrarse documentado. Cinco siglos no parecen ser suficientes para que los puertos españoles operen en situación de racionalidad y normalidad. Cada atisbo de reforma, el conflicto asoma y las operaciones portuarias se paralizan, se ralentizan y muchas cosas más.

Yo no voy a discutir nada relacionado con el salario. Pero sí la regulación de las condiciones del sector. Cuando los empresarios exigen la reducción del 30% del sueldo de sus trabajadores, demuestran que son cómplices necesarios de la situación y en consecuencia del ‘status quo’. La normativa exige la liberalización de las actividades portuarias y en consecuencia lo primero exigible debiera ser la libertad de establecimiento. El empresario que quiera operar, siempre que cumpla los requisitos exigidos, que lo pueda hacer. Es una máxima elemental y su oposición conculcaría el artículo 49 TFUE.

En España somos reacios a dar cabida a las empresas colaborativas, lo que hace no extrañar que nos opongamos a la liberalización del último bastión de la economía intervenida auspiciada por el retrogrado Girón de Velasco. La izquierda, los pseudos demócratas liberales de C’s y la derecha reaccionaria catalana han impedido el funcionamiento de un sector económico, imposibilitan el cumplimiento a una sentencia y permiten que nos cataloguen de gamberros.