Más de la mitad del parque español no podrá acceder a las Zonas de Bajas Emisiones
Según cálculos de la Avarm, 17,2 millones de coches españoles quedarán restringidos en las ciudades a partir de 2023
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A partir de 2023, todas las poblaciones con más de 50.000 habitantes tendrán que establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que establecerán restricciones al tráfico en su interior. Estas pueden ser de acceso, aparcamiento o, en su formato más extremo, circulación, en función de los distintivos medioambientales de la DGT.
Según los cálculos de la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (Avarm), a partir de esa fecha, unos 17,2 millones de vehículos —más de la mitad del parque móvil español, que está en torno a los 30 millones de unidades— se verán afectados por las ZBE.
De estas, 5,5 millones no tienen etiqueta, 5,9 millones tienen el distintivo B y 6,1 millones, el C. Según Avarm, el Real Decreto que regulará la creación de estas zonas —ahora mismo en elaboración por parte del Ministerio de Transición Ecológica— no toma en cuenta los derechos recogidos en la Constitución y supone un abuso para los conductores españoles.
Además, si las poblaciones con más de 20.000 habitantes superan los límites establecidos por el Real Decreto 102/2011, también tendrán que aplicar estas medidas en sus municipios.
La creación de la nueva norma, que será aprobada en este trimestre según Europa Press, se ha acometido para evitar situaciones como las ocurridas en Barcelona, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulara su ZBE al alegar que «faltan informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y demasiada restricción del tipo de vehículos afectados».
Para la asociación, « el criterio de clasificación ambiental de la DGT es injusto e ineficaz y no se ajusta a las emisiones reales de cada vehículo», ya que no considera otros factores como el estado del vehículo, potencia, tamaño, uso u horas reales de circulación.
Avarm solicita que no se haga ningún cambio en la movilidad de las personas sin antes haber pasado por una consulta popular, y no por parte de «grupos parlamentarios autonómicos que no representan el sentimiento general mayoritario».
«Imponer una pirámide jerárquica en donde el vehículo privado quede desterrado al último lugar supone una injerencia en la libertad de decisión personal», sostienen, solicitando que se implemente el teletrabajo en todos los casos que sea posible y que no se use el transporte de última milla para fomentar el trabajo precario de los «riders».
Además, desde la asociación afirman que «la evaluación del impacto medioambiental de los vehículos se ha hecho de manera simplista, centrándose solo en las emisiones de escape, presuponiendo que el coche eléctrico no contamina en su fabricación y reciclaje».
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