Guerra abierta entre gobierno local y PP

Gobierno municipal y Partido Popular han decidido pasar a la acción tras unos meses lanzándose dardos envenanados. Después de que María José García-Pelayo señalara ayer que la valoración que da el informe Merco sobre la imagen de la alcaldesa "no sorprende en absoluto", y que la alcaldesa "hizo trampas" a la hora de colocar a socialistas en el Ayuntamiento, esta misma mañana ha anunciado en un comunicado que va a pedir la comparecencia de Pilar Sánchez ante el Pleno para que informe sobre todo lo que está ocurriendo en torno a unas subvenciones a la sociedad Tecnología e Innovaciones Sanitarias SL, para la compra de suelo en el PTA. Ante estos hechos, el Gobierno municipal ha 'contraatacado' anunciando que estudia poner en conocimiento de la Justicia las presuntas irregularidades cometidas por el PP en materia de contratación en el periodo en el que gobernó en el Ayuntamiento, entre los años 2003 y 2004. Desde el PSOE se señala directamente a Bernardo Villar, ya que recuerdan que una de las claves que sustenta esta posible denuncia "es la orden dada por él de proceder a la contratación de cuatro personas en diferentes áreas municipales incluso con complementos de productividad para alguno de ellos que se elevaban a más de 9.000 euros anuales”.

De esta forma el gobierno considera que “el PP tiene la desfachatez de hablar de irregularidades cuando este partido y María José García-Pelayo son los que no tienen las manos limpias en este asunto para el que usan hipocresía y falta de coherencia”. Además afirma que “el Gobierno municipal va a demostrar quién fue el que cometió de verdad ilegalidades en los contratos”.

El gobierno recuerda que “la contratación de los asesores, actualmente suprimidos en virtud del plan de contención del gasto, y demás personal que haya podido tener lugar, se hizo en todo momento con absoluta transparencia y de acuerdo con la legalidad, como se demostrará ante las instancias judiciales, y que cuando fue necesario se prescindió de ellos en un claro ejemplo de compromiso con los objetivos y seriedad en la gestión”. Asimismo se reitera en la absoluta legalidad en los procedimientos seguidos por este Gobierno

El gobierno pone como evidencia más clara el escrito de Villar, "ordenando la contratación de cuatro personas, una de ellas como asesor de la entonces alcaldesa, García-Pelayo, al que incluso se premió con una elevada productividad. Esas son las formas del PP aplicadas por García –Pelayo que quiere dar lecciones de transparencia y que sin argumentos y a sabiendas de que poco puede lanzar al actual Gobierno, se dedica a dar lecciones de moralidad en la gestión cuando precisamente no fue un ejemplo de ello en su etapa de alcaldesa, en las que además no hizo absolutamente nada excepto aprovechar esos meses para sacarse muchas fotos y trabajo cero a favor de Jerez".

Horas antes el PP se fundamentaba en el artículo 98 del nuevo Reglamento Municipal, que establece que cualquier miembro de la corporación con competencias delegadas o propias (el caso de Pilar Sánchez), habrá de comparecer "para informar sobre un asunto determinado de su competencia, bien a petición propia, bien a iniciativa justificada de un Grupo Político" con la intención de pedir la internvención de Pilar Sánchez en el Pleno para explicar la polémica con el PTA.

El Partido Popular en su escrito pide que explique los siguientes extremos:

-En base a qué ordenanza de baremación o documento se han dado las ayudas y por qué órgano, cuándo se ha aprobado el citado reglamento y por quién.

-Quien determinó rechazar la primera baremación y en base a qué criterios y a qué norma.

-Quién determinó el funcionario o empleado que realizó la baremación, el informe técnico y cual era su habilitación.

-Cuándo y cómo se informó al Consejo de EMUSUJESA sobre estas ayudas a la compra de suelo y si el Consejo accedió a los informes o estaban a disposición de los consejeros.

Así, entiende que las explicaciones debe darlas en el Pleno, como responsable Municipal y Presidenta de EMUSUJESA y del PTA. "Esperamos que no rechace la proposición". Todo ello porque consideran que se trata de un proyecto importante para la ciudad y "no debe ser cuestionado ni generar dudas o sombras de sospecha".