El TC admite a trámite el recurso contra la ley vasca anti «fracking» y suspende los preceptos impugnados

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la ley 6/2015 de 30 junio de medidas adicionales de protección del medioambiente, más concoida como ley anti «fracking», aprobada por el Parlamento vasco, según ha anunciado el portavoz del ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, tras el Consejo de Gobierno de los martes.

Erkoreka ha explicado que acababan de notificarles la decisión del TC, aunque la resolución es del 26 de abril, y que afecta a un inciso de los artículos 2 y 6 y en su totalidad al 3 y el 5, así como las disposiciones transitorias 1 y 2. Al invocar el artículo 161 de la Constitución, el Alto Tribunal adopta la suspensión automática de los artículos impugnados, por lo que dichos preceptos dejan de ser de aplicación.

Erkoreka ha comentado que no han tenido todavía «tiempo material para analizar los efectos inmediatos» de la decisión del TC sobre una norma que salió adelante con el voto a favor de PSE, PP y Bildu. El PNV se abstuvo. El partido que sustenta el Gobierno vasco nunca se mostró cómodo con la ley, que partió de una ILP respaldada por más de 100.000 firmas. Los peneuvistas pedían una moratoria de 5 años que rechazó el resto de partidos.

Sabedores de que el TC ya había anulado leyes similares, en Cantabria y La Rioja, la cámara vasca intentó sortear un futuro escenario de inconstitucionalidad con un articulado que no prohíbe como tal la fractura hidráulica, sino que lo que hace es elevar de tal forma los requisitos que, en la práctica, resultaría imposible llevar a cabo esta técnica (que consiste en inyectar grandes volúmenes de agua y productos químicos a gran profundidad para romper la roca de pizarra que alberga gas de esquisto o petróleo).

El pasado mes de abirl el Consejo de Ministros aprobó interponer un recurso de inconstitucionalidad después de que fracasaran las negociaciones entre Madrid y Vitoria y de que el Consejo de Estado avalara que existen suficientes fundamentos jurídicos. El Consejo de Ministros consideraba que la legislación vasca anti-fracking viola la normativa estatal sobre régimen minero y energético, así como el principio de seguridad jurídica, pues equipara permisos con solicitudes formuladas a partir de su entrada en vigor.

También establecía que las competencias de autonómicas de desarrollo y ejecución en materia de medio ambiente «en ningún caso la facultan para vaciar de sus competencias al Estado, especialmente cuando la normativa básica estatal establece el sometimiento de todos los proyectos a la previa declaración de impacto ambiental».

Por último, entendía que no es de competencia autonómica el legislar sobre los hidratos de metano enterrados en el mar, salvo que así lo prevea el Estatuto de Autonomía.