Carmena quiere reducir la edificabilidad de la operación Chamartín

El presidente de Distrito Castellana Norte aseguró que «no hay tiempo» para cambiar lo referente a «los cimientos» del proyecto

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La primera mesa de debate en torno a la prolongación de la Castellana, constituida por el Ayuntamiento de Madrid para desatascar el proyecto, sirvió ayer para confirmar las distancias entre los implicados. El Consistorio, reticente al planteamiento inicial, indicó su predisposición a rebajar la edificabilidad de la operación; mientras que el protomor, Distrito Castellana Norte (DCN), destacó la falta de tiempo y la necesidad de la obra.

El delegado municipal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, reiteró que la intención del Gobierno de Manuela Carmena es sacar adelante la operación Chamartín, pero no en los términos en los que está formulada. Basada en un modelo que «no es razonable ni sostenible», Calvo explicó que existen «aspectos concretos que están sobredimensionados» y que son susceptibles de modificaciones.

El concejal de Ahora Madrid habló de una «redimensión» centrada en el volumen urbanizable. Su posición crítica con el plan coincidió con la postura de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, que instó al promotor a que su participación remita al diseño del proyecto. Además, señaló que la operación no solucionará los problemas de degradación del entorno, sino que aumentará o creará nuevos inconvenientes, al tiempo que sí costará dinero a la Administración, por los servicios dotacionales que derivarán, en contra de lo defendido por DCN.

Según argumentó José Manuel Calvo, el Plan General contemplaba una edificabilidad de 0,6 metros edificables por cada metro cuadrado de superficie, pasando después a 1,50. Así, los 1,8 millones de metros cuadrados disponibles se convirtieron en 3,6 millones. El cambio, en base a una «metáfora edificatoria» –añadió–, equivale a cincuenta torres como las situadas en plaza de Castilla.

No obstante, Antonio Béjar, presidente de DCN, indicó que esta modificación afecta a los «cimientos» del proyecto y que «no hay tiempo material» para abordarla. Béjar, con el 31 de diciembre de 2016 como fecha límite, lamentó los 22 años de estancamiento y el lastre generado por «los avatares políticos». «Tenemos un tiempo para hacer esto: somos un inversor y puede llegar un día en que nos agotemos, y entonces no habrá plan», apostilló.

A esta sesión asistieron además representantes de las diferentes asociaciones vecinales de la zona norte y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM); José María Ezquiaga, decano de del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM); concejales del ramo de los diferentes grupos municipales y miembros el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

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