Una de cada tres entidades públicas madrileñas oculta sus cuentas

La lupa fiscalizadora de la Cámara de Cuentas se ha vuelto a topar con un serio obstáculo: una de cada tres entidades públicas de la Comunidad de Madrid, y por tanto obligadas a rendir cuentas, no envió el año pasado la información requerida por ley, correspondiente al ejercicio 2014. En la lista negra hay 22 ayuntamientos, 13 mancomunidades, 29 consorcios y 27 fundaciones dependientes de la administración regional y del sector local, así como 9 sociedades mercantiles de la Comunidad. De este último grupo se salva esta vez el Campus de la Justicia, que se ha puesto como ejemplo de opacidad –hasta 14 veces avisó la Cámara de Cuentas de que no se presentaban los informes preceptivos–. El Gobierno de Cristina Cifuentes remitió las cuentas el pasado 14 de enero, aunque lo hizo fuera del plazo.

El número de organismos incumplidores asciende a 153 del total de los 559 entes públicos madrileños, es decir, representan el 27,3%. Pero si se cuentan los que enviaron con retraso (112), suman 265; es decir, el 47% del sector público.

Todos ellos «olvidaron» su deber de transparencia. Entre los consistorios opacos figuran: Aranjuez, Cenicientos, Ciempozuelos, Griñón, Moraleja de Enmedio, Moralzarzal, Navalcarnero, Nuevo Baztán, Pozuelo del Rey, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, y Villaconejos. Se da la circunstancia de que varios de estos municipios son reincidentes y ya han sido objeto de informes de la Cámara que desvelan irregularidades en la gestión municipal, incluidos agujeros contables de millones de euros y adjudicaciones ilícitas de contratos.

El problema, como denunció el propio presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, es que este órgano fiscalizador no tiene ninguna capacidad de sanción y, más allá de sacar los colores a los incumplidores, no puede obligarles a rendir cuentas. De ahí que el partido Ciudadanos, también el PP, busque impulsar una reforma integral de este organismo regional, «hermano pequeño» del Tribunal de Cuentas. Este asunto ocupa el punto noveno del acuerdo de investidura de Cifuentes, pero aún no se ha activado.

Tampoco el cambio de color político tras las elecciones de mayo ha convertido a estos municipios en más diligentes. Por ejemplo, el nuevo equipo de gobierno local de Ahora Ciempozuelos «olvidó» presentar ante el órgano fiscalizador las cuentas relativas a las empresas municipales de la vivienda y de Fomento y Desarrollo. El PSOE, que ha recuperado muchos ayuntamientos de la región, tampoco ha remitido a la Cámara de Cuentas los datos de Cenicientos, Moraleja de Enmedio y de San Martín de la Vega, cuyas empresas de Suelo y Vivienda se quedarían sin fiscalizar.

San Fernando de Henares, gobernado por Sí Se Puede en coalición con socialistas e IU, tampoco muestra los datos de su empresa municipal que gestiona el suelo. El PP no remitió los informes de la sociedad urbanística local de Torrejón de la Calzada, mientras que en Collado Villalba la opacidad se cierne sobre su empresa cultural y la televisión pública Sierra de Guadarrama. Griñón, regido por independientes, oculta el informe de la empresa municipal de vivienda. Moralzarzal, capitaneado igualmente por independientes, no ofrece el expediente de su sociedad municipal.

Rivas, reincidente

La Cámara de Cuentas autonómica destapó en 2013 un desfase contable de 20,9 millones de euros en la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid y en la Empresa Municipal Servicios y recomendaba un plan de control financiero desde su creación. Ese expediente desató una crisis interna en Izquierda Unida, en el poder desde 1991, que acabó en la expulsión de su concejal de Hacienda. El actual alcalde, Pedro del Cura, sigue sin poner orden en las cuentas municipales y ha dejado pasar 2015 sin entregar los datos de la EMV referente a 2014, tampoco los de la Empresa Municipal Servicios.

Tampoco Valdemoro, ahora de Ciudadanos, ha presentado cuentas de la empresa municipal Auxiliar de Servicios (Aserval), sin actividad desde 1999. El pasado octubre fue disuelta por orden del alcalde, Guillermo Gross, pero su equipo de gobierno debía haber elevado a la Cámara de Cuentas los datos del ejercicio 2014. No lo hizo.

En esta lista de 22 ayuntamientos incumplidores cabría sumar otros 35 consistorios que enviaron la información requerida fuera de plazo, después del 31 de octubre, como marca la ley. Los casos más reseñables son: Arroyomolinos, Brunete, Leganés y Pinto.

Otras entidades públicas que no han hecho los deberes de transparencia son:la empresa regional de vivienda Invicam, Turmadrid e Inforesa; la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid; la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, Fundación Orquesta y Coro de Madrid; una decena de consorcios urbanísticos. En la lista negra figura igualmente la Fundación Real Fábrica de Tapices, que dejó de pagar a sus empleeados y solicitó concurso de acreedores en verano.