Los 55 pantalones requisados que Carmena regaló a los pobres y nunca aparecieron

Manuela Carmena, en su etapa como juez decana de Madrid tuvo que enfrentarse a una situación, cuando menos, curiosa. Un juzgado de la capital estimó que cientos de pantalones debían ser requisados y ella decidió que esas prendas iban a ser entregadas a los necesitados. Y así fue, el problema saltó en el momento en el que otro juez admitió el recurso de los empresarios propietarios de los vaqueros y éstos ya no estaban, al menos en su totalidad.

Corría el año 1992 cuando el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid dictó que 629 pantalones vaqueros de una conocida marca tenían que ser intervenidos por sospechas de que eran falsos. Acto seguido, aquel 21 de abril, también se requisaron otros 74 pantalones.

En total eran 703 pantalones con un valor peritado de 9.139.000 pesetas.

Unos años más tarde, en septiembre de 1995, salieron del depósito judicial 348 pantalones, que eran de dichos empresarios, con destino a la asociación benéfica «Alucinos». Según recogió Manuel Marín en el diario ABC al contar el caso en 1998, unos días antes de esta primera entrega se produjo una segunda en la que se dieron 69 pantalones a la organización «Madres contra la droga». En total, 417 pantalones fueron donados de los 703 que fueron incautados.

Carmena explicó entonces que esta decisión la tomó con el fin de realizar un «saneamiento» del depósito, donde se acumulaban múltiples objetos requisados. La ahora alcaldesa defendió que dicho almacén estaba en un estado «desastroso» y en él había objetos «seriamente afectados por la humedad» que se podían estropear.

Reclamación

El problema llega a partir de entonces, más concretamente los días 22 y 31 de julio de 1996, cuando el Juzgado de lo Penal número 20 absolvió a los empresarios acusados que, como es normal, pidieron explicaciones y todos los pantalones que les requisaron en su momento.

Y por si eso fuera poco, cuando fueron a por los vaqueros de la discordia, sólo pudieron devolver 231 pantalones. Hicieron cuentas y vieron que faltaban 55 que nunca se pudieron devolver. El asunto no prosperó demasiado en el Juzgado porque se decretó que la jueza decana no actuó «guiada por el ánimo de lucro». Pero, eso sí, los empresarios se quedaron sin la mayoría de sus pantalones.