El PP evitará la repetición de comparecencias para frenar un debate estéril en la comisión de las cajas

El PP hará valer su mayoría en el Parlamento para evitar que la reapertura de la comisión de investigación sobre las extintas cajas de ahorro se convierta en un «instrumento de disputa política». Los populares intentarán que el órgano se mantenga a salvo de posibles juicios políticos paralelos, y por eso vetarán que los responsables del proceso de bancarización de Novacaixagalicia comparezcan por segunda vez en O Hórreo. Su portavoz parlamentario, Pedro Puy, recordó a la oposición que existe suficiente «información relevante» como para empezar a redactar desde ya unas conclusiones amparadas en «datos y evidencias». «El dictamen no va a ser una lista de prejuicios», declaró.

El planteamiento del PP, poco o nada tiene que ver con el de la oposición.

Durante las últimas jornadas, por el registro de la Cámara desfilaron los planes de trabajo que cada partido diseñó para concretar la investigación. Conforme a ellos, En Marea, PSdeG y BNG solicitarán en la reunión prevista para el próximo jueves que algunos de los directivos de NCG, así como algunos cargos políticos, regresen al Parlamento para rendir cuentas. Es el caso, por ejemplo, de Jose Luís Méndez, como antiguo responsable de Caixa Galicia, o Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), en calidad de antiguo gobernador del Banco de España. Ambos respondieron en la legislatura pasada —y por escrito— a las preguntas de todos los portavoces.

No obstante, entre cada grupo hay matices. Los socialistas requieren la presencia de la ex conselleira de Facenda Elena Muñoz, los responsables del FROB o la que fue secretaria de Estado de presupuestos hasta el año pasado, Marta Fernández Currás. Por su parte, el BNG va mucho más lejos. En su propuesta de máximos, muy similar a la que En Marea presentó la pasada semana, exigen la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, Luis de Guindos, Joaquín Almunia, algunos familiares de Méndez o José María Castellano. Pero no solo: pedirán a la Xunta que publique la auditoría que KPMG elaboró sobre las cuentas de la entidad. Según el frente, costó un millón de euros de dinero público. A lo que sí se abre el PP es a analizar un informe de la CIG que cuestiona las operaciones inmobiliarias de Méndez durante su etapa al frente de Caixa Galicia.

«Una oportunidad»

Por el momento, la voluntad de recuperar la investigación parlamentaria está superando los dimes y diretes constantes entre los grupos. Pero el jueves se prevé una primera fractura.

Para el PSdeG, ésta es una «oportunidad» de conocer la transformación del sistema financiero de Galicia en los años más convulsos de la historia económica reciente. «Fue una operación muy gravosa para las arcas públicas», destacó este lunes Xoaquín Fernández Leiceaga, que espera del PP un «buen gesto» a la hora de abordar la lista de comparecientes. Con el calendario en la mano, tanto socialistas como populares se fijan un plazo de entre seis y nueve meses para finalizar el informe que deberá arrojar luz sobre la fusión.

«Sin vetos ni mordazas» es como el BNG pretende acometer los trabajos. Ana Pontón intentó cuestionar la transparencia que envuelve a la constitución de la comisión: «Si el PP no tiene nada que esconder, que no se pongan obstáculos». La dirigente nacionalista cree que la negativa a las nuevas comparecencias convertirá la investigación en «un paripé», «una especie de ficción», sin valor real.

En respuesta a la politóloga de Sarria, Puy aclaró cualquier atisbo de remordimiento: «Tenemos la conciencia muy tranquila», zanjó.