Ineficiente diarrea normativa

En el país del «ti vai facendo que xa veremos» ya no sorprende que dos concejales de Lugo reconozcan públicamente que residen en edificios sin licencia de primera ocupación. Es una irregularidad relativamente frecuente en muchos municipios que toleran que ese tipo de viviendas sin los papeles en regla puedan incluso llevar habitadas más de una década. Una laxitud de los poderes públicos a la hora de hacer cumplir la legislación que se extiende a otros muchos ámbitos. Pasa con los botellones en la calle. Los gobiernos municipales de esta y otras comunidades saben perfectamente dónde se concentran los jóvenes para beber, pero prefieren mirar hacia otro lado que aplicar las ordenanzas. Y pasa con la normativa que obliga a mantener limpias las franjas próximas a las viviendas en el rural gallego para evitar riesgos en caso de incendio forestal.

El papel lo aguanta todo y la clase política occidental le ha cogido gusto hace tiempo a llenar con leyes y reglamentos los boletines oficiales. Lo pasmoso es la dejadez de los poderes públicos a la hora de velar por el efectivo cumplimiento de toda esa normativa. O casi toda, porque si se esmeran en verificar que nadie se olvide de satisfacer sus obligaciones fiscales. Una doble vara de medir. La Administración jamás transigiría con que un ciudadano decidiese incumplir la normativa tributaria, pero se permite el lujo de no ejecutar otra mucha legislación igualmente vigente. De chirigota.

Porque además este es un país que sufre una auténtica diarrea normativa. Según datos de la CEOE, los poderes públicos llenan en España cada año un millón de páginas con nuevas disposiciones. Los mismos poderes públicos que no mueven un dedo para regularizar las casas de los concejales Fernández Rocha y Expósito y cientos más por toda Galicia que seguirán estando habitadas sin licencia de primera ocupación, que tolera que la Policía Local continúe haciendo la vista gorda con los botellones en las ciudades y que admite que las fincas próximas a muchas casas rurales se mantengan a monte. Para no cumplir las normas, podían evitar promulgarlas. Porque todo intervencionismo supone, además de socavar la libertad individual, un lastre para la competitividad de la economía. Y es todavía más injusto cuando es selectivo y la propia administración actúa con desidia a la hora de aplicar una parte de la legislación que ella misma dicta.