El padre de Diana Quer, en los juzgados de Ribeira
El padre de Diana Quer, en los juzgados de Ribeira - MUÑIZ

Un auto extenso y revelador en el «caso Diana Quer»

El instructor dedicó cinco folios a argumentar su decisión y desvelar algunas claves de ocho meses de investigación

Santiago Actualizado: Guardar
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El auto mediante el que el instructor del Juzgado Número 1 de Ribeira acordó el archivo del caso Diana Quer introdujo numerosas acotaciones a tener en cuenta. La primera y fundamental es que el juez indica que la desaparición no fue voluntaria porque así lo apuntan los indicios. Igual de relevante es que el documento confirme, negro sobre blanco, que los investigadores llegaron a tener a al menos una persona en el punto de mira. Tanto, que el auto se refiere literalmente a «personas policialmente sospechosas». Un término que podría hacer alusión al hombre que los dos testigos que estaban en el puerto de Taragoña llegaron a identificar y con el que, presuntamente, Diana se habría montado en un vehículo oscuro.

Muy medido en sus reflexiones, Alonso establece que no existen indicios para dirigir las actuaciones «frente a persona alguna». Lo mismo que acontece en el caso de los más de doscientos testimonios que se tomaron en el cuartel de la Guardia Civil y que nunca llegaron a los juzgados porque «no se consideró pertinente, por no ser adecuado ni útil para el esclarecimiento de los hechos la toma de declaración en sede judicial de las personas a las que se ha recibido en declaración en sede policial».

El texto elaborado por el instructor del caso Diana también evidencia que hubo pinchazos telefónicos durante los ocho meses anteriores. Habla de ellos como «grabaciones orales» cuyos resultados sí se incorporaron a la causa. Además, el magistrado aprovecha su resolución para blindar un sumario sobre el que ahora reposan todos los focos, haciendo constar de forma literal que el abogado o procurador de cualquiera de las partes personadas que revelase indebidamente el contenido del sumario «será corregido con una multa de 500 a 10.000 euros». En la misma sanción, deja por escrito, incurrirán aquellos que no siendo funcionarios públicos cometan la misma falta.

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