Las Administraciones ahorrarían más de 10 millones al año si usaran las escuelas infantiles privadas

La utilización de la actual red de escuelas infantiles privadas en la ciudad de Valencia supondría un ahorro para la Administración de más de diez millones de euros al año si el Consell decide generalizar el plan público de aulas de 0 a 3 años -que ha comenzando como programa piloto este curso-, según las cifras que maneja el sector.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente están empadronados alrededor de 7.000 niños de dos años en la ciudad. Dado que muchos de ellos no tienen por qué ser escolarizados en este tramo de edad, el cálculo parte sobre la mitad de esta cifra -aunque aumentaría al incluir el tramo 0-2-. Así, en la previsión más conservadora, 3.500 pequeños tendrían que ser distribuidos en 194 aulas al dividirse entre grupos de 18, según la nueva fórmula educativa.

Cada espacio tendría que contar, como mínimo, con un docente (aunque en los puestos en marcha por la Conselleria de Educación hay maestro y educador), cuyo coste salarial es de unos 22.000 euros, lo que se traduciría en 4,2 millones en total.

El sector cuantifica en alrededor de 3.000 euros al mes el mantenimiento de las aulas entre gastos corrientes y material, lo que asciende a un coste total de 5,8 millones al año.

Es decir, la Generalitat tendría que asumir, entre profesorado y mantenimiento, un total de diez millones de euros al año solo en la ciudad de Valencia. Todo ello sin contar los alrededor de 50.000 euros que costaría adaptar las aulas necesarias en los centros (siempre que no haya que construirlas) como establece la normativa y que supondrían 9,7 millones de inversión inicial.

En el caso -bastante más complicado- de que los 7.000 niños de dos años fueran escolarizados, el gasto al año sería de 20,1 millones de euros más una inversión inicial de 19,4 millones. Desde el sector de las escuelas privadas tratan de destacar, precisamente, el ahorro que supone para la Administración el uso de la red que ya funciona, y aseguran que disponen del 30 por ciento de plazas libres (sobre unas 10.000) de los más de 600 centros que existen en la Comunidad Valenciana.

La portavoz de la plataforma «Salvem 0-3», María José González-Mayo, solicita a la Conselleria que «mantengan la gratuidad de la enseñanza», pero que use sus instalaciones. Además, denuncia que, con la fuerte desocupación entre los docentes en este ámbito, «que se vayan cinco o seis alumnos de un centro, como está ocurriendo con el trasvase a las aulas piloto, marca la diferencia entre tenerlo abierto o cerrado».

Denuncia de Ciudadanos

La cuestión económica fue expuesta por el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, el pasado viernes durante el pleno. En este sentido, denuncia que «no se trata de un tema de privada o de pública, sino de aprovechar una infraestructura ya creada y de mantener un diálogo con las escuelas privadas para establecer una sinergia».