Sanidad regulará por ley la espera máxima en las pruebas diagnósticas

Los plazos máximos de espera para que a un paciente se le realice una prueba diagnóstica se regularán por ley en Castilla y León en el último trimestre de este año. Una vez superada esa espera fijada, que aún no está concretada, los propios usuarios podrán solicitar que sea un centro privado el que lleva a cabo el diagnóstico. De esta manera, la Consejería de Sanidad imita el proceso que ya se sigue para las operaciones quirúrgicas en la Comunidad y establecerá, también, prioridades clínicas en la gestión de las consultas hospitalarias y las pruebas diagnósticas.

El titular de Sanidad, Antonio Sáez, lo ha anunciado este viernes durante su explicación en las Cortes de Castilla y León del apartado del proyecto de Presupuestos regionales de 2017 que corresponde a su negociado cuando abordó el ámbito de las listas de espera -un asunto que últimamente trae de cabeza a su Consejería-.

Continuará funcionando el Plan Estratégico de Reducción y Control de Listas de Espera (Perycles), implantado hace un año, con atención prioritaria, «como hasta ahora», en los pacientes más graves y en los enfermos oncológicos, explicó.

Las Cuentas de Sanidad alcanzan este año el máximo histórico de inversión por habitante con 1.467 euros -el anterior récord era el de 2010 con 1.419- y cuentan con una partida global de 3.400 millones de euros, un 5,4 por ciento más que en el año anterior, desglosó Sáez, quien aprovechó para hacer hincapié en que el dinero que llega del Estado a las arcas regionales es «insuficiente».

Inversiones

Serán las retribuciones del personal sanitario las que acapararán la mayor parte del presupuesto -el 52 por ciento con 1.810 millones de euros-. Sí se refirió a que está previsto «seguir con la recuperación» de las condiciones laborales de los profesionales, con una subida salarial, el aumento de las sustituciones o agotar al máximo la tasa de reposición, justo cuatro días más tarde de que los médicos amenazasen con ir a la huelga si no se restablece su marco laboral.

El apartado de inversiones fue el que despertó las mayores críticas por parte de los grupos de la oposición por «no ser creíble» y ser prácticamente calcado al que recogían las Cuentas de 2016. Sin embargo, el consejero defendió el impulso que recibe este capítulo del presupuesto después de la difícil etapa de crisis económica. El crédito disponible para Atención Primaria será de 12 millones para la construcción, ampliación o reforma de diecinueve centros de salud, mientras que los hospitales de la Comunidad se llevarán 92 millones, 59 para obra y 32,5 para tecnología y equipamiento, señaló.

«Insuficiente»

Todos los partidos, salvo el PP que sí valoró el esfuerzo de la Junta en la rama sanitaria, tacharon las Cuentas como de «insuficientes». Para la portavoz del PSOE, Mercedes Martín, la planificación presentada por el consejero no servirá para acabar con las «desigualdades». «Ha repetido los mismos objetivos que el año anterior y la falta de ejecución de las inversiones hace que sean las mismas que en 2016», destacó la socialista, quien insistió en que «no tienen credibilidad». Los fondos de la Consejería de Sanidad para este año «consolidan la austeridad» y los recortes, en opinión de Isabel Muñoz, de Podemos, mientras que Manuel Mitadiel (Cs) valoró el aumentó de la cuantía global, aunque aseguró que las Cuentas también tienen «sombras». «No servirán para resolver los problemas de la Sanidad autonómica», aseguró, por último, José Sarrión (IU).