Una de cada diez víctimas de violencia de género tiene algún tipo de discapacidad

La violencia de género sigue siendo en el siglo XXI una de las grandes lacras que arrastra la sociedad. Un serio problema que se recrudece aún más cuando lo absurdo del machismo se conjuga con la cobardía de «abusar del débil». El resultado de la combinación es que una de cada diez víctimas de violencia de género en Castilla y León son personas con discapacidad que con cada golpe, insulto o vejación sufren una «doble discriminación» de la que les resulta más difícil huir por la dependencia que pueden mantener con sus agresores.

En «muchos» casos, la discriminación es «triple», ya que las mujeres viven en un entorno rural, donde pueden tener «menos posibilidades» de acceso a información y servicios cuando son víctimas de violencia a manos de un hombre al que no le impide levantar la mano que su pareja tenga dificultad para moverse, no pueda verle o que sus capacidades psíquicas le impidan entender.

De hecho, la ratio de incidencia es superior en este colectivo que en el conjunto de las mujeres de la región. Y es que en términos generales la población femenina con discapacidad representa un 7 por ciento del total, pero son el diez por ciento de las castellano y leonesas registradas por malos tratos.

A la vista de estos escalofriantes datos y bajo el convencimiento de que la colaboración tienen más fuerza que acciones independientes, la Junta, el Cermi y Plena Inclusión ha decidido sumar sus esfuerzos con la firma de un convenio para tratar de frenar esta situación a través de la formación, la concienciación y la dotación de autonomía a las víctimas.

Las distintas vías de actuación que ahora se abren tratarán de reducir los 435 casos de violencia de género sobre personas con alguna discapacidad que están registrados en Castilla y León desde 2013, explicó ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, tras la firma de un convenio, «necesario» para que todos los agentes «nos impliquemos» de forma conjunta en lugar de con acciones particulares e ir más allá de la «respuesta» que, apuntó, ya reciben las víctimas y que «atiende sus necesidades específicas».

Entre los pilares fundamentales del convenio, que se enmarca en la estrategia autonómica «Objetivo Violencia Cero», está la concienciación ciudadana. «Sólo atacándolo desde esa perspectiva alcanzaremos el objetivo deseado», señaló el presidente de Plena Inclusión Castilla y León, Juan Sánchez, quien apostó por la sensibilización como la mejor estrategia, teniendo en cuenta que, según sus estudios, una de cada tres mujeres con discapacidad ya sufrió abuso psicológico o físico en su etapa escolar.

Además, otra de las metas es la de «empoderarlas para que tengan apoyo y no dependan de nadie», según apuntó el presidente de Cermi Castilla y León, Francisco Sardón. En esta línea, destaca que en virtud del convenio el «Programa Empleo Mujer», orientado a la inserción laboral de personas de especial vulnerabilidad, contemplará actuaciones específicas para víctimas con discapacidad a fin de dotarlas de habilidades que favorezcan su autonomía, y que su discapacidad no cree una dependencia que la impida hacer las maletas, de manera que «no permitan ningún tipo de discriminación».

El último eje de esta colaboración a tres bandas es el de la formación, manteniendo vías de actuación actuales, como el programa que ha instruido a casi 40 personas con discapacidad en la UNED como asesoras en violencia de género, e implementando los conocimientos a los profesionales del tercer sector y las administraciones públicas para el tratamiento específico de estas víctimas.