El expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono
El expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono - I.GIL

La escolta personal de Bono denuncia ante la Inspección de Trabajo sus condiciones laborales

Afirman que las garitas donde prestan servicio alcanzan los 35 grados cuando la Ley de Riesgos Laborales establece máximas de 27

Toledo Actualizado: Guardar
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El pasado mes de junio, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunciaba públicamente cómo el expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, seguía beneficiándose, cinco años después de dejar la política, de escolta y protección de su vivienda particular a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dos meses más tardes, el sindicato de la Guardia Civil ha vuelto a denunciar -esta vez ante la Inspección de Trabajo-, las «pésimas condiciones de trabajo» que debían soportar los guardias civiles que vigilan su vivienda, al carecer la garita donde prestan servicio de aparato acondicionado ni frigorífico donde, al menos, poder tener agua fresca.

En un comunicado, los guardias civiles narran que a principios del mes de junio existía un aparato de aire acondicionado pero que «de la noche a la mañana» desapareció y aunque desconocen las causas no creen que la retirada se deba a problemas económicos.

«Desconocemos la causa de la retirada del mencionado aparato, y nos cuesta trabajo creer que el señor Bono, tenga problemas para pagar el recibo de la luz (salvo que también se esté pagando con dinero de todos los españoles)»,

Según los agentes, los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales han realizado tres mediciones de temperatura donde se comprobaba que la garita ha alcanzado hasta 35 grados «poniendo en riesgo la salud de los trabajadores» cuando la Ley establece un máximo de 27 grados.

En este mismo escrito informan que José Bono está al corriente de la situación al objeto de «si lo estimara oportuno» instalar un aparato de aire acondicionado en la garita. Pero, prosiguen, el expresidente del Congreso no ha debido de estimarlo oportuno, y un mes después la situación sigue siendo la misma.

«No llegamos a comprender cómo es posible que quién no ha tenido problemas para gastar millones de euros de los españoles en un aeropuerto sin aviones, y que quien dispone de protección pagada por todos los españoles, no esté dispuesto a gastar en cumplir la legalidad instalando un aparato de aire acondicionado«, afirman.

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