La ANC y Òmnium, el «brazo civil» de la estrategia secesionista liderada por el Govern
El juez acusa a los «Jordis» de encabezar el acoso a la Guardia Civil y movilizaciones contra la acción de la justicia
La justicia lo tiene claro: las asociaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural «actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern», el antiguo gobierno de la Generalitat catalana.
Con esas palabras describe la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el rol de las dos organizaciones, encuadradas por los investigadores dentro del plan secesionista ilegal, una actuación coral. Los jueces acusan a los líderes independentistas –incluidos Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los presidentes de la ANC y Òmnium, respectivamente– de empujar hacia la independencia por la vías ilegales .
Tanto Sánchez como Cuixart permanecen encarcelados desde el pasado 16 de octubre , cuando la juez Lamela acordó su prisión incondicional, una medida cautelar que supone llevar a la cárcel a una persona que aún no ha sido juzgada ni condenada. Esta medida puede ser fijada por un juez, siempre a petición de una acusación, con el objetivo de evitar tres riesgos tasados en la ley: la fuga, la destrucción de pruebas o la reiteración delictiva. Lamela apreció que existen todos los riesgos en el caso de los «Jordis».
El magistrado que tomó el relevo de Lamela en la investigación a Carles Puigdemont , los exconsejeros y los «Jordis» – el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena – ha asumido el mismo relato sobre los hechos y otorga un rol esencial a las asociaciones civiles en el plan ilegal. De hecho, el juez argumentó que el delito de rebelión –el más grave sobre la mesa de la investigación– solo puede completarse con la intervención de los diversos eslabones, mayores y menores, del plan independentista ilegal. «Solo la intervención coordinada de todos ellos es la que puede llenar el contenido del injusto contemplado en el delito de rebelión», alegó Llarena, en el auto en el que concentró las causas, en alusión a los antiguos gobernantes catalanes y los líderes de la ANC y de Ómnium.
Este tipo, regulado en el artículo 472 del Código Penal , castiga a aquellos que declaren la independencia de una parte de España de forma violenta y tumultuaria. Los investigadores no descartan que esta violencia existiese en la estrategia independentista. La pena es de hasta 25 años de prisión si se comete sin armas.
El juez del Supremo investiga en una sola causa a veintidós personas: Carme Forcadell y otros cinco exmiembros de la Mesa del Parlament, Puigdemont y trece exconsejeros catalanes y los dos «Jordis». Sánchez y Cuixart fueron imputados por Lamela por el delito de sedición, que consiste en entorpecer la labor de la justicia o los agentes policiales por la fueza. En su caso, la intención era facilitar el plan secesionista, lo que supone un atentado contra la forma de Gobierno, argumentó la magistrada.
«Actos de insurrección»
Para alcanzar su objetivo, los investigados «se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso». En esa labor cobraron protagonismo la ANC y Òmnium , según Lamela, quien expone ejemplos de movilizaciones y acosos alentados por ambas.
Una de esas movilizaciones fue el acoso a los agentes de la Guardia Civil que el pasado 20 de septiembre registraron varias sedes de la Generalitat. En la congregación en la sede de Economía, donde se llegaron a juntar 40.000 personas, los manifestantes destrozaron tres vehículos oficiales . Su presencia retrasó la salida de la comitiva judicial: la letrada de la administración de justicia tuvo que escapar por la azotea y camuflarse entre el público de un teatro y algunos agentes no salieron hasta las siete de la mañana del día siguiente. Según Lamela, los «Jordis» alentaron y dirigieron a los congregados.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recordó su reiterada colaboración con el proceso independentista ilegal, cuando confirmó el encarcelamiento de los «Jordis».
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