El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, el pasado 6 de octubre durante su declaración en la Audiencia
El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, el pasado 6 de octubre durante su declaración en la Audiencia - Ignacio Gil

RECURSO DEL LÍDER DE LA ANC POR SU INGRESO EN PRISIÓNLas excusas de Jordi Sànchez sobre el 20-S: «Fue una manifestación de jubilados»

Jordi Sànchez pide a la juez su libertad porque «no hubo sedición» ni acoso a la Guardia Civil

MadridActualizado:

El presidente de la Asamblea Nacional Catalan (ANC), Jordi Sànchez, en prisión incondicional desde el pasado lunes, asegura que el asedio a la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre no se puede calificar como sedición, pues fue una manifestación «pacífica y festiva» en la que «buena parte de los concentrados eran personas mayores, algunos de ellos con claveles en sus manos». «La presencia de personas de edad avanzada en altercados y concentraciones violentas no es algo habitual, mientras que la exhibición de flores en reuniones o manifestaciones públicas es un símbolo evidente de rechazo de la violencia», señala su defensa en el recurso presentado ante la juez Lamela solicitando su libertad.

Sànchez describe así los altercados frente a la fachada de la Consejería de Economía de la Generalitat mientras se estaban produciendo registros a instancias del juez de instrucción número 13 de Barcelona. Los informes policiales dejan constancia de vehículos de la Guardia Civil destrozados, manifestantes subidos a ellos, conos volando por los aires, y manifestantes taponando la salida de la sede para bloquear el paso de la comisión judicial. Según Lamela, el acoso fue promovido por el propio Sànchez y el líder de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, que, altavoz en mano, arengaban a la multitud al grito de «no sortireu» («no saldréis»). De hecho la secretaria judicial que presenció los registros tuvo que ser evacuada por la azotea al edificio contiguo y dos guardias civiles no pudieron abandonar la Consejería hasta las siete de la mañana del día siguiente.

«Cánticos y consignas»

En su escrito la defensa de Sànchez asegura que se trataba de protestar por los registros y que «los cánticos y consignas que se pueden escuchar, «más que dirigirse a increpar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, consisten en la autoafirmación de los manifestantes en su voluntad de votar el día 1 de octubre con el lema «votarem» («votaremos»).

Añade también que los organizadores esperaban unas 2.000 personas, no las 40.000 que se juntaron a las puertas de la Consejería. Además, «la mayoría de los que se subieron a los vehículos de la Unidad de Policía Judicial aparcados delante de la Conselleria no eran los participantes en la concentración», apunta el recurso.

Sànchez vuelve a cuestionar la competencia de Lamela para investigar los hechos. Solo podría hacerlo, dice, si se trata de delitos cometidos con intención de modificar ilegalmente la organización territorial del Estado, y no es el caso. «La independencia de una parte del territorio del Estado español no se consigue manifestándose varios miles de personas durante algo más de veinticuatro horas ante las dependencias de la Conselleria de Economia (...) .Tampoco con la supuesta obstaculización ―que por supuesto negamos― de una entrada y registro en tales dependencias ordenada por un Juzgado de Instrucción».

Sobre este punto señala que si hubieran querido impedir la ejecución de la orden judicial, «no habrían adoptado medidas para garantizar la entrada y salida del edificio durante toda la jornada. Tampoco habrían participado en los cordones humanos creados para permitir el paso de los miembros de la Unidad de Policía Judicial cuando estos quisieron salir del edificio».

Por encima de los Mossos

Varios guardias civiles testificaron antes Lamela que Sànchez ejerció de autoridad aquel día, por encima de los Mossos, hasta el punto de poner condiciones como que la entrada de los detenidos se llevara a cabo sin esposas y con los guardias civiles de paisano o que los miembros de la comisión judicial salieran del edificio con las manos vacías, lo que en la práctica suponía abortar los registros.