La Fiscalía acusa a «los Jordis» de llamar a la movilización social desde prisión

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart continúan «al día de hoy», desde prisión, llamando a la movilización social para lograr la «desconexión forzosa» de Cataluña. El Ministerio Público argumenta así su oposición a que ambos sean liberados, al estar vigente el riesgo de que reiteren en el delito de sedición que les imputa la juez. Sánchez y Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural respectivamente, han recurrido su encarcelamiento preventivo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que en los próximos días resolverá su petición. Tres jueces revisarán la decisión de la juez del caso.

Hace solo dos días, el jueves, la cuenta de la ANC en la red social Twitter difundía unas palabras del propio Sánchez desde prisión, en las que llamaba a impulsar una asamblea de cargos electos en Cataluña , que calificó de «legítima» si el Gobierno de Rajoy «mata» al Ejecutivo de Puigdemont. Sánchez, desde la cárcel, pedía en ese caso: «luz en los ojos y fuerza en el brazo».

En el escrito de oposición a su recurso, la Fiscalía rebate todos los argumentos expuestos por los dos investigados, considerados los agitadores en las calles del independentismo. El Ministerio Público insiste en que la congregación de personas ante las sedes de la Generalitat registradas el pasado 20 de septiembre no fue una manifestación «pacífica y festiva» , como alegaron «los Jordis». Según la Fiscalía, la concentración que acosó a la Guardia Civil fue «un tumulto claramente hostil, todo en una actuación preparada y orquestada hasta consumar el referéndum del día 1 de octubre», la votación ilegal suspendida por el Tribunal Constitucional.

La Fiscalía recuerda que la competencia de la Audiencia Nacional existe porque el fin último del asedio era empujar hacia la independencia por vías ilegales, lo que supone un intento de alterar la forma de Gobierno por métodos no democráticos , cuya investigación le corresponde a dicho tribunal. La sedición castiga a aquellos que intentan impedir con la fuerza la actuación de los agentes policiales y judiciales en el normal desarrollo de sus funciones. Los guardias civiles cumplían la orden del juzgado de instrucción numero 13 de Barcelona en una operación para desactivar el 1-O.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó el ingreso en prisión preventiva de ambos investigados tras interrogarles en la Audiencia Nacional. La magistrada aprecia que existe riesgo de que se fuguen, de que destruyan pruebas y de que reiteren en el delito. La juez considera que ambos forman parte de un comité estratégico del plan independentista , dentro de la hoja de ruta unilateral, y recuerda que ambos movilizaron a las masas para acudir a votar en el referéndum independentista suspendido.

El Ministerio Público también rebate la tesis de Sánchez y Cuixart, que se negaron a declarar (salvo Sánchez a su propio abogado), y explica que los indicios acumulados contra ellos provienen de diversas fuentes, como el testimonio de los testigos, las manifestaciones de los otros imputados (el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana), así como de la documentación aportada a la causa y los mensajes publicados por ambos en la red social Twitter. Según los investigadores, los dos controlaron la movilización del 20 de septiembre, sin esforzarse en permitir la labor judicial.

Aquel día se llegaron a juntar 40.000 personas en la concentración. Los manifestantes lograron retrasar la salida de los guardias civiles de la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat, algunos hasta las siete de la mañana del día siguiente, y destrozaron tres vehículos oficiales. La letrada de la administración de justicia de la comitiva judicial tuvo que salir por la azotea y camuflarse entre el público de un teatro cercano para abandonar el lugar. Los Mossos no dispersaron a la masa hasta que el juez lo ordenó, a pesar de las reiteradas peticiones de colaboración de los agentes policiales durante el día. Así lo relataron dos guardias civiles presentes en los registros y la letrada de la administración de justicia en sus testificales.