Así fue la reunión de Rajoy, Aguirre y Lapuerta: «Esperanza, toma las medidas que tengas que tomar»

«Encárgate de averiguar si esto es cierto y toma las medidas que tengas que tomar». Mariano Rajoy, citado como testigo en el primer juicio sobre la trama Gürtel, detalla así la orden que le dio a Esperanza Aguirre, entonces recién elegida presidenta del PP de Madrid, en la reunión que a finales de 2004 ambos mantuvieron junto al tesorero popular, Ávaro Lapuerta. Un encuentro, próximo a las Navidades de hace trece años en el despacho del presidente en la calle Génova, en el que el jefe económico del PP informaba a sus superiores del pelotazo urbanístico que estaba a punto de dar esa red corrupta en los municipios madrileños de Arganda del Rey y Majadahonda, ambos con el concurso de sus respectivos alcaldes, Ginés López y Guillermo Ortega, respectivamente.

Los dos, todopoderosos cargos del PP cuando el mapa de los 179 municipios de la región estaba casi en su totalidad coloreado con el azul corporativo del PP. López y Ortega (el único procesado que siguió en la sala el interrogatorio del presidente y al que el fiscal pide 50 años y 10 meses de cárcel) tenían entre manos enajenar terrenos públicos por un precio ínfimo que, según los investigadores, iba a repercutir muy positivamente en la cuenta de resultados de las empresas de Francisco Correa y a descapitalizar las arcas municipales.

Esa cita a tres bandas, en la que Esperanza Aguirre no recuerda si también estuvo presente Luis Bárcenas, se celebró después de otra similar en la que el mismo Lapuerta ya alertó al presidente del partido de que «se estaba haciendo un uso indebido por parte de la red de Correa del nombre del PP». Rajoy confirmó el miércoles «que se dejó de contratar con esos proveedores». Fue un primer aviso. Pero el más importante y que paradójicamente hizo estallar el escándalo al correr de los años, fue conocido al mismo tiempo por Rajoy y Aguirre. Lapuerta alertó de que había que intentar impedir la pérdida patrimonial que iban a sufrir los dos Ayuntamientos dado que el precio tasado al que se iban a vender los terrenos era muy inferior al del mercado. Según el testimonio que presta la presidenta regional en la investigación, es ella la que llama primero al alcalde de Arganda, quien le comunica que la parcela ya estaba adjudicada y que «el procedimiento era absolutamente legal, hecho por unanimidad de todos los grupos políticos». Luego se demostró que lo que Ginés López le dijo a Aguirre era falso. Las gestiones de la expolítica del PP, encargadas por Rajoy, la llevan, según su declaración, a llamar al que fuera jefe de la Empresa del Suelo municipal y teniente de alcalde, Benjamín Martín Vasco, que ratificó lo dicho por López. Precisamente Martín Vasco terminó recolocado como diputado en la Asamblea de Madrid y tuvo que dimitir por su relación con Correa que, según Hacienda, le pagó, entre otras cosas, su luna de miel en la Polinesia.

Cuando Aguirre, a la salida de aquel encuentro en Génova, contacta con Guillermo Ortega, el segundo alcalde bajo sospecha, este le anuncia que todavía no se ha ejecutado el concurso. Según sostiene la presidenta, «le hice ver las contraindicaciones (pérdida para el patrimonio municipal y posibles pleitos de los licitadores), pero él insistió en que iba a hacerlo a precio fijo y que era de su exclusiva competencia». Después supo que algunos ediles de Majadahonda no estaban de acuerdo con el procedimiento administrativo y pidió a Ortega que dimitiera. Terminó haciéndolo y encontró cobijo en la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, en medio de un escándalo político. Aguirre defendió que ese nombramiento no supuso ningún tipo de «condescendencia» con los hoy procesados.

Simultáneamente a los tejemanejes urbanísticos en esos municipios, algunos colaboradores de Aguirre en el Gobierno regional fueron trabando relaciones con Correa. Es el caso de Alberto López Viejo, otro encausado que fue consejero de su Gobierno y hoy se enfrenta a la petición de la Fiscalía de 26 años de cárcel. Según la versión de la exjefa del Gobierno de Madrid, destituyó a todos los implicados de la trama (entre ellos López Viejo) y en las primeras semanas de 2009 exigió su dimisión a los regidores de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monde y Arganda del Rey. Ese es el relato que, a su parecer, justifica su máxima de que «yo destapé la Gürtel». Sin embargo, años después a la reunión de Génova, son dos concejales de Majadahonda, José Luis Peñas y Juan José Moreno, ambos con peticiones de seis años y medio y 24 años de prisión, respectivamente, los que graban 80 horas de conversaciones entre los cabecillas de la red y las entregan al Fiscal Anticorrupción.

Esas conversaciones destapan el escándalo aunque no han evitado que sus promotores sean acusados de graves delitos que no han decaido puesto que se produjeron antes de la denuncia ante el Ministerio Público. La Fiscalía le ha aplicado a Peñas una rebaja de pena por colaborar con la investigación pero lo cierto es que le imputa delitos tan graves como asociación ilícita, cohecho, fraude a la Administración, malversación y exacciones legales. Aguirre justifica en su declaración escrita en la investigación que de haberse consumado la venta de los terrenos de Majadahonda, los concejales que llevaron a la Audiencia Nacional los audios de Correa, nunca los hubieran entregado porque se habrían repartido la enorme diferencia de la venta del solar.