Regenerar la vida política tras un mandato lastrado por la corrupción

La corrupción ha marcado la vida política española durante el último mandato. En los últimos cuatro años han saltado a la luz auténticos escándalos relacionados con presuntas tramas de tráfico de influencias, prevaricaciones, cohechos y pago de comisiones a cambio de contratos públicos. Casos que han afectado a prácticamente todas las formaciones políticas que han ocupado gobiernos en distintas administraciones durante los últimos años. Son episodios que han desatado una oleada de indignación ciudadana, y contra los que los nuevos partidos emergentes -Ciudadanos y Podemos- han entrado a saco.

Tramas como la Gürtel o el caso Nóos -que llevó al Juzgado a la Infanta Cristina- llevan años investigándose. Pero en el último mandato, se le han añadido otras del calado del escándalo de los ERE de Andalucía, la trama investigada en la actualidad del 3 por ciento en comisiones presuntamente cobradas por Convergència; la confesión de Pujol sobre el incierto origen de una fortuna que él atribuyó a una herencia pero está siendo investigada por los tribunales; el caso Bankia; el caso Pokemon; los «papeles de Bárcenas» o la «Operación Púnica», que han imputado y encarcelado a políticos de varios partidos.

El más castigado

Pero si alguien se ha visto perjudicado en sus previsiones electorales por estos asuntos ha sido el PP, castigado con la imagen de su exvicepresidente económico Rodrigo Rato entrando en un coche mientras un agente le sujetaba la cabeza -en una escena mil veces repetida en los telefilmes policiacos- y por las noticias y declaraciones de un extesorero del partido cuya fortuna en Suiza está siendo objeto de investigación judicial.

Mientras la presión social contra estas actitudes crecía -al tiempo que lo hacían las peticiones de castigos ejemplares- aumentaba también el descrédito de la clase política. Una situación que no pasó desapercibida para los partidos emergentes, siempre sensibles a las corrientes de opinión pública. De hecho, la aparición de estos nuevos agentes políticos y su exigencia de mayor contundencia contra la corrupción ha influido sin duda en la rapidez con que se ha actuado y en la dureza de la respuesta dada.

El año 2015 comenzó con numerosas causas de corrupción abiertas en los juzgados y cientos de imputados a la espera de juicio. Desde el PP han reconocido el daño que les ha causado, y el propio presidente Rajoy llegó a pedir disculpas, por dos veces, por estas actuaciones impropias. «Pido disculpas en nombre del PP a todos los españoles», y «entiendo y comparto su indignación», dijo tras conocerse el caso Púnica, que llevó a la cárcel al número dos del PP de Madrid.

Pero desde el partido del Gobierno no se han quedado sólo en palabras: presumen de haber llevado a las Cortes y haber aprobado el mayor paquete de medidas de regeneración democrática de la historia de España. Se ha dado luz verde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en 2013), y sólo este año, han sido aprobadas la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que entrará en vigor el 5 de diciembre, con una fuerte oposición en contra, y que cambia el término «imputado» por «investigado» además de limitar los tiempos de las causas compejas-; la Ley de Financiación de los Partidos Políticos; la Ley Reguladora del Ejercicio de Alto Cargo; y la reforma del Código Penal -incluyendo, entre otras cosas, el delito de financiación ilegal de los partidos-.

Partidos y personas

Además, Rajoy inauguró la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, un organismo encargado de que se reintegre el dinero obtenido fraudulentamente. Una completa batería de medidas que pretende poner fin para siempre a este fenómeno, de manera que se cumpla el adagio que repiten los populares: «La corrupción no es una cosa de los partidos, sino de las personas».

Diez propuestas para mejorar

Oficina contra la corrupción. La llaman Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, y tiene como objeto localizar y recuperar efectos, bienes y ganancias procedentes de actividades delictivas relacionadas con la corrupción. Ha sido inaugurada hace sólo unos días por el presidente Rajoy. (PP)

Informar ante el Tribunal de Cuentas. Se propone que en el futuro se vean limitadas las subvenciones a los partidos políticos, y se reduzcan también un 20 por ciento los gastos electorales que realicen. Se impondrá a las formaciones políticas la obligación de rendir cuentas de su contabilidad ante el Tribunal de Cuentas. (PP)

Medidas penales contra el prevaricador. La propuesta pasa por endurecer las penas en supuestos de prevaricación de especial gravedad; reforzar la persecución del cohecho; ampliar las conductas tipificadas como tráfico de influencias; incrementar las penas máximas para los delitos patrimoniales más graves; y revisar el delito de falsedad contable. (PP)

Más publicidad de las adjudicaciones. Publicidad activa específica de los procesos de adjudicación de campañas de publicidad institucional. Publicidad activa específica de los acuerdos sobre suelo y ordenación urbana. Y regulación de los «lobbies» o grupos de presión. (PSOE)

Cese obligatorio del llamado a juicio. Establecimiento del cese obligatorio de los altos cargos en el preciso momento en el que sean llamados definitivamente a juicio oral a título de imputados o como procesados por corrupción política. (PSOE)

Prohibir la condonación de créditos. Una de las medidas que se plantean es la de prohibir que se produzcan condonaciones de los créditos bancarios a los partidos políticos. (Ciudadanos)

Responsabilidad subsidiaria. Establecer la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en los casos de corrupción de personas de dichas formaciones que hayan ocupado cargos públicos y cometido los delitos en el ejercicio de su cargo. (Ciudadanos)

30 años de inhabilitación para cargo público. Ampliación hasta 30 años del periodo que la ley establezca como de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo, de libre designación o por concurso público, para aquellas personas que sean condenadas por los delitos de corrupción. (IU)

Transparencia total en contratos y agenda. «El grueso de la corrupción no consiste en el robo de dinero público por parte de cargos públicos, sino en la influencia permanente de los poderes económicos sobre la acción de esos cargos», sostiene la formación de Pablo Iglesias. Por este argumento, lo que proponen es transparencia total: no solo la información sobre contratos y gastos, sino también las agendas de los cargos públicos, la actividad de los «lobbies» y la identidad de las empresas que dan dinero a los partidos deben ser accesible al ciudadano. (Podemos)

Renuncia a las cuotas en CGPJ y otros entes. Otra propuesta de regeneración democrática pide la renuncia al reparto por cuotas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Supremo o el Constitucional. Se incluye dentro de un manifiesto de once puntos contra la corrupción. (UPyD)