El precio de la disidencia en Cataluña

Hace pocas semanas, Sociedad Civil Catalana (SCC) presentaba el documental «Disidentes. El precio de la discrepancia en la Cataluña nacionalista», dirigido por Fran Jurado, una producción en la que se recogen el testimonio de una docena de voces opuestas al soberanismo. Basado en la tesis sobre el concepto de «contramovilización» del doctor en Ciencias Políticas Martín Alonso, éste apuntaba que el término «disidencia» se ha usado tradicionalmente en el marco de los regímenes totalitarios, los comunistas concretamente, por lo que consideraba que el caso catalán tiene más paralelismos con el «macartismo», con sus listas negras y su comité de actividades «antiamericanas...».

«Del mismo modo que en la Guerra Civil el bando nacional empleó a fondo el concepto de “antiespaña, ahora aquí se habla de lo “anticatalán”, apuntaba Alonso en una presentación en la que, casi de manera premonitoria, Joaquim Coll, vicepresidente de SCC, advertía de que según cómo evolucionase la política catalana, el llamado «proceso» podía degenerar en episodios de mayor o menor violencia.

Para Coll, la «frustración» entre sectores independentistas por la imposibilidad de llevar adelante la ruptura con España podía degenerar en lo que calificó como «actitudes agresivas».

Los «frustrados» del proceso

Aludía Coll a los hecho ocurridos el 19 de abril en la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando un grupo vinculado a grupos independentistas amenazó e intimidó a miembros de SCC que habían instalado en el campus una carpa informativa. «Esperemos que no suceda», señaló Coll en alusión a un nuevo brote de violencia, y que «lo ocurrido en la UAB sea una anécdota». Menos de dos meses después, desgraciadamente, volvía a producirse un hecho de características similares el pasado sábado con la agresión a las dos mujeres de la plataforma de apoyo a la Selección española de fútbol.

Lo sucedido en la UAB, o el pasado sábado en Barcelona, se suma a otros incidentes o episodios de intimidación vividos en Cataluña. Como denunció ABC, Imma Manso, subdelegada del Gobierno en Lérida, debe acudir a la dar clases a la universidad con escolta por las amenazas que sufre. Del mismo modo, ayer mismo, la Fiscalía pedía cinco años de prisión para cinco acusados de atacar, encapuchados, un autocar de SCC y C’s que acudía en 2014 a una manifestación en Barcelona.