La oposición quiere más garantías en la «nueva» ley de Seguridad

Febrero es el mes señalado por el titular del Ministerio del Interior, Juan Ignacio Zoido, para poner en marcha el grupo de trabajo que abordará la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que distintas fuerzas políticas y sociales han reclamado desde su misma entrada en vigor en julio de 2015.

Como ya avanzó este diario, el ministro no se ha marcado líneas rojas más allá de la regulación que controla armas y explosivos, y va a emplazar a los grupos parlamentarios a hacer sus propuestas. Por ellas, ha preguntado ABC a la oposición. Hablan de despenalizar el uso de imágenes de agentes, eliminar las devoluciones en frontera o ajustar las multas a la renta del infractor. Nadie habla de «derogación».

Estas son las propuestas:

El PSOE: Desaparición de lo que llevó al TC

El PSOE se atribuye el mérito de que su presión «desde el principio» contra esta normativa ha llevado al Gobierno a anunciar por fin cambios. Del machacón eslogan electoral en el que reclamaban «derogarla», ni palabra.

En conversación con el portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín, el fin se enuncia claro –«queremos una nueva ley de Seguridad Ciudadana», dice– y los medios para conseguirlo, también: tienen que «desaparecer» todos los preceptos que recurrieron ante el Tribunal Constitucional (junto a IU, el Grupo Mixto y UPyD) y cambiar «radicalmente» la ley «restableciendo los derechos fundamentales» y la proporcionalidad entre las infracciones y las multas.

«Queremos convencer al Gobierno de que una sociedad segura no es necesariamente una sociedad silenciosa», resume el portavoz. La Proposición registrada en el Congreso, despeja, no es ni será un obstáculo para el diálogo con el Ejecutivo ni con otras fuerzas, puesto que se concibió como un «texto de base» para discutir. Ha llegado el momento.

Podemos: Otro concepto de seguridad

Podemos no comparte el «planteamiento de seguridad» que fundamenta esta ley de 2015. A partir de ahí, plantea sus exigencias ante una normativa que –sostienen– «hay que cambiar sí o sí». Tal como lo enumera su diputado Eduardo Santos, secretario primero de la Comisión de Interior del Congreso, reclaman cuatro supresiones. La más tajante, «fulminar» por «contraria al derecho de asilo» la disposición que ampara las «devoluciones en caliente». Además, quieren fuera el precepto que permite emplear empresar privadas para funciones públicas de seguridad, así como «retirar» toda posible sanción por el ejercicio de Derechos Fundamentales, particularmente los de reunión y manifestación. También las que afecten «al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz».

Tres demandas más. Una de ellas, que las multas guarden proporción a la renta del infractor. Las otras afectan de lleno a la labor policial: «acotar la función de identificación y detención a la existencia de indicios de delito o infracción» y que sus intervenciones «se adapten a la justicia restaurativa».

C's: «Revisar» una ley con «cosas buenas»

En nombre de C’ s, su portavoz en materia de Interior, Miguel Ángel Gutiérrez advierte de que «con carácter previo» a cualquier debate, hay que «reflexionar» sobre los artículos de la ley de Seguridad recurridos ante el TC. Para modificarla, Gutiérrez incide en que la ley tiene que defender «a los ciudadanos, pero también a las Fuerzas de Seguridad», principio con arreglo al cual formulan un programa en torno al verbo «revisar».

A saber. Uno, «los aspectos que reconocen facultades excesivas de intervención a esas Fuerzas de Seguridad», de modo que se deje claro «qué facultad se puede aplicar y en qué momento». Dos, los aspectos que «sustituyen criterios de legalidad por el de oportunidad o eficacia», para que en actuaciones que se fundan en sospechas no se deje el margen que va «del uso al abuso». Lo tercero que hay que «aclarar», a juicio de C’s, es todo lo que «desplaza garantías judiciales que existían antes», caso de las restricciones al tránsito o a la celebración de manifestaciones, sobre las que hay que definir «bajo qué condiciones pueden ordenarse».

PNV: Reformar al servicio de las libertades

El PNV tiene la convicción de que la actual normativa encierra un «desequilibrio» que prima la seguridad sobre los derechos y libertades. Su apuesta para corregirlo, –explica su portavoz de Interior, Mikel Legarda– es «modular» los artículos que hablan de los derechos de huelga, de expresión e información, de protección de refugiados o de manifestación y reunión. Entre los cambios que defienden está que las manifestaciones espontáneas y pacíficas no requieran comunicación previa o que se despenalice el uso de imágenes de policías. Exigen que el «rechazo en frontera» de inmigrantes se suspenda si no se regula un protocolo para su aplicación en tres meses.

La iniciativa reformista del PNV, muy exhaustiva y trabajada, contempla otros dos ejes de cambios sobre sanciones. El primero buscaría que la «potestad punitiva» de la Ley de Seguridad sea la «mínima imprescindible» y no supere, como ocurre, a la del Código Penal. El segundo impondría el «principio de legalidad» en las multas, lo que implicaría, entre otros asuntos, adaptarlas a la capacidad económica del infractor.