Ley de Seguridad: Interior solo ve «intocable» la regulación de armas y explosivos

El Ministerio del Interior negociará con las diferentes fuerzas políticas la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana con la mano tendida y la premisa de que «sería un error decir antes de sentarnos a hablar que hay aspectos inamovibles». La única excepción afectaría a la regulación para el control de armas y explosivos, vital en la lucha contra el terrorismo yihadista. Por lo demás, a priori no hay etiquetas de «intocable». Lo explican a este diario fuentes del departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido, que el miércoles invitó en sede parlamentaria a los partidos a abrir «ya» el diálogo que reclaman para introducir cambios en la normativa vigente desde 2015, oferta que para muchos ha venido forzada por una oposición

que -con la abstención de Ciudadanos- aprobó hace tres semanas en el Congreso una moción instando a la derogación de esta normativa, particularmente demonizada por el PSOE, que recientemente ha planteado un articulado alternativo.

Interior espera que al término de las fiestas, en enero, los grupos presenten sus propuestas. Más allá, en cuanto al procedimiento que se avecina, el ministro también les ha dirigido un aviso, que a fecha de hoy es lo más parecido a una «línea roja» que se cierne sobre la negociación. No se trata de montar una feria dialéctica para «argumentarios vacíos, eslóganes y apodos», les ha dicho, sino de buscar el acuerdo donde no lo hay.

En idéntica línea de huida del tremendismo y el «titular efectista», Zoido ha dejado claro que lo que está por abordarse será por «artículos concretos», pero no es una «derogación» de la Ley de Seguridad Ciudadana, por otro lado imposible e impensable en un escenario como el actual de alerta 4 por amenaza terrorista, puesto que generaría un agujero legal de consecuencias catastróficas. Ejemplo es el consumo y tenencia de drogas, que como tantas faltas ya no está en el Código Penal, y sólo es perseguible como «infracción administrativa» en función de la normativa cuestionada, por lo que su desaparición provocaría que tales prácticas recalaran en el ámbito de lo impune.

Juan Ignacio Zoido ha esbozado, por tanto, lo que no quiere mientras que enfrente, al menos las tres principales fuerzas de oposición -PSOE, Ciudadanos y Podemos-, han enunciado su rechazo a los aspectos de la ley que fueron impugnados ante el Tribunal Constitucional, y que remitían fundamentalmente al capítulo V que recoge el «régimen sancionador».

A saber, se trata del artículo 20.2 que regula «el registro corporal externo» y el 19.2, que prevé el levantamiento de un acta «con presunción de veracidad» en caso de aprehensión de armas o drogas al registrado. También figuran los 36.2 y 37.1, que castigan respectivamente la « perturbación grave de la seguridad» en manifestaciones frente al Congreso, Senado y las Asambleas y, el segundo, las reuniones en lugares de tránsito público. Este punto se pone en relación con los 30.3, 37.3 y 37.7, que cataloga de infracción la «ocupación» de inmuebles o la vía pública. También se recurrió el 36.23, que sanciona el uso de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la disposición final, que legalizó las llamadas «devoluciones en caliente» de inmigrantes en las vallas con Marruecos.

Lejos de una discusión sustancial sobre estas disposiciones objeto de controversia, durante el año y cinco meses de vigencia de la Ley de Seguridad -y aún durante su tramitación-, el debate ha transitado por la descalificación y, en palabras del Gobierno, lo «apocalíptico». «Trabajemos juntos para quitar la mordaza a los españoles» (PSOE), «tienen muy claro cuál es su concepto de seguridad: tolerancia cero, cristal roto y porra en la calle», (Podemos) o «apoyaremos la derogación inmediata de esta canallada, de esta purga» (ERC) -todos mensajes oídos en el Congreso el pasado 29 de noviembre- reflejan el tono habitual en el que se ha desenvuelto el rechazo a esta normativa, en suma dibujada como un compendio de herramientas para la represión creado para mantener la calle a raya al margen de un control judicial inmediato. Es este tipo de retórica es la que Interior espera desterrar en favor de una reflexión seria.

Del eslogan a lo material, el PSOE ha sido el único en poner negro sobre blanco, y hace solo 20 días, su versión de cómo debe ser la seguridad en España. Entre otros, su apuesta consiste en poner fin a las mencionadas «devoluciones en caliente» de quienes entran ilegalmente en el país por Ceuta y Melilla, fin a las sanciones por fotografiar a la policía o por manifestarse ante las Cámaras. Por cierto, el dato facilitado al respecto por el ministro del Interior el pasado mes es que solo frente al Congreso ha habido 19 manifestaciones y 14 concentraciones desde que se aplica la Ley de Seguridad, una de ellas el mismo día en que Mariano Rajoy tomaba posesión como presidente.