El juez vincula al presidente del PP de Palma con una presunta trama de corrupción en la Policía Local

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de la capital balear, Manuel Penalva, considera al presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, el «artífice en la sombra» del «organigrama corrupto» que se habría intentado crear hace cinco años en la cúpula de la Policía Local para estar «al servicio de determinados políticos y su partido». Estas consideraciones del magistrado han trascendido después de que el propio Penalva haya decidido levantar el secreto del sumario en una parte del expediente abierto en 2013 para investigar una presunta trama de corrupción policial.

Por su parte, Rodríguez ha negado cualquier tipo de vinculación con dicha trama. En ese contexto, el presidente interino del PP balear, Miquel Vidal, señaló esta semana ante los medios que «tenemos un código ético muy claro y muy estricto, y lo cumpliremos cuando sea necesario».

Vidal añadió que «tenemos que respetar, primero, la presunción de inocencia, tenemos que dejar hacer su trabajo al juez, que dé un paso más, y hemos de respetar, sobre todo, el escrito que Rodríguez hizo para refutar las acusaciones».

Ante esta falta de reacción de la dirección regional cabe recordar que, en cualquier caso, Rodríguez se encuentra en estos momentos ya imputado en otro caso de presunta corrupción, el caso Over. En dicho caso se investiga una supuesta financiación irregular del PP balear. Estos hechos habrían tenido lugar en la legislatura 2003-2007, que fue la segunda y última en que Jaume Matas presidió la Comunidad.

Por lo que se refiere a las investigaciones iniciadas por el juez Penalva en 2013, se centraron inicialmente en el presunto amaño de unas oposiciones convocadas en 2012 para poder acceder al grado de inspector de la Policía Local de Palma. En aquellas fechas el alcalde de la capital balear era el popular Mateo Isern, a quien en ningún momento se ha vinculado con este asunto. A raíz de aquella supuesta componenda en las oposiciones, presuntamente impulsada por policías y por cargos locales del PP, en septiembre de 2013 presentó su dimisión el entonces jefe del cuerpo, Antoni Vera. Además, varios funcionarios serían imputados por este caso. Vera fue sustituido entonces por Nicolás Herrero, quien tras jubilarse fue relevado por Joan Miquel Mut.

Mut fue destituido en septiembre del pasado año por el nuevo equipo de gobierno municipal, presidido por el socialista José Hila y conformado por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Som Palma, que es la marca blanca de Podemos en la capital balear. El nuevo jefe de la Policía Local pasó a ser, de forma provisional, Antoni Morey. Tanto Mut como Morey se encontraban también imputados. Finalmente, esta misma semana Morey ha sido sustituido por Josep Palouzié, hasta ahora intendente jefe de la Policía Local de Girona.

Las pesquisas del juez Penalva sobre el supuesto amaño de las citadas oposiciones derivaron dos años después, en 2015, hacia la investigación de presuntas irregularidades en la actuación de la Patrulla Verde, que es la unidad que se encarga, entre otras funciones, del control de los locales de ocio nocturno. Según el testimonio de varios testigos protegidos, los agentes presuntamente implicados en esta segunda trama se ponían en contacto con propietarios de diversos clubs de la Playa de Palma para avisarles con antelación de futuros registros e inspecciones.

Dichos policías, a cambio, obtenían dinero, consumiciones de alcohol gratuitas o mantenían relaciones con prostitutas a cargo del propietario del local. Al parecer, algunos altos cargos locales del PP también habrían participado en «fiestas privadas» que incluían «servicios sexuales» gratuitos. Por lo que respecta a los dueños de los establecimientos que no querían colaborar con la trama, habrían sido extorsionados por algunos de los agentes implicados.

El punto de inflexión en esta investigación judicial se produjo en junio del pasado año, cuando fue detenido el entonces jefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres. Desde entonces, se han sucedido los arrestos de agentes, que en algunos casos han derivado en su ingreso en prisión. El pasado mes de octubre, el juez ordenó incluso un registro en la sede central de la Policía Local.

A principios de este año, la Dirección General de la Guardia Civil autorizó que el juez Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán pudieran ir armados, después de que ambos lo hubieran solicitado al sentirse amenazados a raíz de sus investigaciones.