Horrach y Castro: las cosas en su sitio

El 8 de febrero de 2014 los juzgados de Palma eran un hervidero de personas. Ese día, por primera vez, un miembro de la Familia Real declaraba como imputada en uin procedimiento penal. El caso Nóos, fuese cual fuese el resultado, iba a pasar a la historia judicial de nuestro país. Dos actores principales habían llevado esa investigación hasta puntos donde nadie podía haber imaginado antes: el juez de Instrucción, José Castro, y el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach. Un tándem que parecía imbatible y que sin embargo estaba ya definitivamente roto por la tozudez del magistrado en llevar adelante la acusación contra Cristina de Borbón.

«Brazo armado»

El enfrentamiento, sazonado por durísimos escritos de uno y otro, ya no tenía vuelta atrás.

La opinión pública, de forma prácticamente unánime, apoyaba las tesis de Castro, alguien que cuando salía de los juzgados tras las declaraciones de los imputados era literalmente coreado por los ciudadanos como un auténtico héroe popular. Como brazo armado del magistrado -permítase la licencia- parecía actuar el sindicato Manos Limpias, por entonces aún ensalzado, cuya letrada Virginia López Negrete se paseaba por los platós de TV como adalid de la defensa de los intereses de los ciudadanos. Atrás quedaba su complicidad con el ministerio público, que tantas puertas le abrió.

Frente a ellos, Horrach, atacado sin piedad desde la gran mayoría de las trincheras mediáticas, que lo acusaban de actuar, nada menos, que de «abogado defensor de la Infanta». Es más se llegó a dar por hecho que sería nombrado para un importante puesto en el extranjero. Fue lo que peor llevó: que se cuestionara su independencia. También es cierto que algunas de las expresiones de sus escritos fueron criticadas incluso por sus más próximos, que las consideraron innecesarias. Tanto él como el juez Castro tienen un carácter fuerte y ninguno de los dos pensaba dejar un golpe sin responder.

Lo cierto es que la Audiencia de Palma fue apoyando los argumentos de Castro para sentar a la Infanta en el banquillo y rechazando los recursos correspondientes del fiscal, que veía con asombro cómo sus argumentaciones no encontraban eco en las resoluciones judiciales. Así fue, incluso, hasta en las cuestiones previas del juicio, cuando Horrach argumentó que una acusación popular no es suficiente para llevar a juicio a una persona si no acusan, como era el caso, ni el fiscal ni la acusación particular.

Doctrina Infanta

La Sección Primera de la Audiencia de Palma no acogió sus argumentos y formuló lo que para algunos era una nueva doctrina, que no era la Botín ni la Atutxa: era la doctrina Infanta, sobre la que es de esperar que el Supremo se pronuncie para resolver los recursos que se planteen a la sentencia. El argumento es que en el delito fiscal las víctimas somos todos, y la defensa de los intereses de los ciudadanos no la agota ni la Fiscalía ni la acusación particular, ejercida en nombre de la Agencia Tributaria por la Abogacía del Estado. El juez Castro mostró su satisfacción.

Sin embargo, el tiempo pasa y las cosas acaban poniéndose en su sitio. Ayer, el tribunal admitió lo que el fiscal Horrach decía desde el primer momento: no se puede acusar a nadie simplemente por ser socio de una sociedad, sin ser administrador ni tener papel alguno en su actividad. Es más; decidió condenar en costas a Manos Limpias, por mantener la acusación cuando del plenario estaba meridianamente claro que no había prueba alguna contra la acusada. Castro acusó ayer el golpe. Horrach tampoco quedó plenamente satisfecho, porque la trama valenciana no fue condenada. Habrá recurso, pero él conocerá el resultado en el despacho de abogado que abrirá en breve.