Derogar sin derogar, el dilema del PSOE

«Qué más da que ponga derogación o no, si en la práctica la estamos derogando. La estamos derogando recuperando la negociación colectiva, la ultraactividad, acabando con el planteamiento de que el empresario pueda cambiar de manera unilateral las condiciones de trabajo y planteando tres contratos... si le digo ‘En un lugar de La Mancha…’ usted ya sabe de qué hablo».

Con estas palabras, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se justificaba a finales de febrero ante la avalancha de reproches lanzados contra él por la ausencia en el acuerdo con Ciudadanos del compromiso de derogar la reforma laboral. Era una prueba más de que la ola derogatoria proclamada por el secretario general de los socialistas ha sido poco más que un artificio electoral, como prueba fue también el hecho de que tal promesa prácticamente no apareciera en el «Programa para un gobierno reformista y progresista» que, seis semanas después de los comicios, el PSOE entregó a las fuerzas políticas cuyo apoyo buscaba, y sigue buscando, para hacer a Sánchez presidente.

En aquel documento figuraba un enunciado -«medidas urgentes para la derogación de la Reforma Laboral»- pero que no daba en absoluto respuesta al gran reproche social que el propio PSOE tanto ha contribuido a alimentar: el del abaratamiento del despido y la famosa indemnización de 33 días, que ni se menciona. Y que, por tanto, se quedará como está.

Un «disparate»

La cantinela de aboliciones legales –que Sánchez ha centrado también en otras dos, la de protección de la Seguridad Ciudadana y la de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce)– no ha resistido la prueba del papel, esto es, la de los compromisos por escrito cuyo cumplimiento sería exigido a los socialistas por los potenciales aliados. Lo subrayan juristas y expertos en las leyes amenazadas consultados por ABC dentro y fuera de los Ministerios del Interior, Educación y Empleo, que coinciden en tildar de «disparate» la idea tantos meses agitada por el líder socialista de que su mera llegada a La Moncloa significaría el fin de las leyes de mayor calado –y más controvertidas– de la etapa Rajoy.

Como señala Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, la opción de aprobar una ley de artículo único para «derogar» las leyes proscritas –e incluso, como añade el Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos Enrique Arnaldo, acompañándolo de un segundo artículo que restaurara el ordenamiento anterior, a su vez derogado– es «absurda». Generaría una gran inseguridad jurídica, amén de un vacío legal cercano al caos. Y eso es algo que Podemos puede obviar ofertando una subasta de derogaciones por su inexperiencia, pero no un partido como el PSOE que ha gobernado España 22 años.

Lucha contra el terrorismo

Ejemplo nítido de los agujeros que se producirían, recuerdan fuentes muy cualificadas del Ministerio del Interior, se plantearía con la Ley 4/2015 de de Seguridad Ciudadana, cuya hipotética desaparición dejaría sin base, y por tanto sin validez, las herramientas vitales de la lucha contra el terrorismo yihadista: el reglamento de control de armas, el de explosivos, y el de artículos pirotécnicos y cartuchería, este último sin precedente normativo. Por no hablar del consumo y tenencia de drogas, que ya no está en el Código Penal como ha ocurrido con el resto de faltas, y solo es perseguible en función de esta normativa como «infracción administrativa».

Pero, acabada la campaña, parece que el PSOE ha tomado conciencia de los daños colaterales que conllevaría poner en práctica su publicitada derogación de este texto, y en su programa de gobierno ya prefiere hablar de que «se reformará la ley de Seguridad Ciudadana» y de «revisar en profundidad» según qué postulados.

En el caso de la Lomce, ilustran desde el Ministerio de Educación, su eventual liquidación, sin ir más allá, condenaría al limbo a los 68.000 estudiantes de la Formación Profesional Básica, creada ex novo por esa ley.

Y es que «derogar es legislar», reclama Roberto Blanco, es decir, «aprobar normas de contenido positivo», labor que exige tener un modelo alterno al que quiere eliminarse y una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante, lo que en las actuales circunstancias de fraccionamiento político del Congreso raya la máxima dificultad.

«Es inimaginable que, en un momento en que los partidos negocian una investidura, se pusieran, sin haber ningún criterio ni ninguna unidad, a redactar textos de la envergadura de la ley de Educación o un nuevo marco laboral, que requieren sosiego, una seguridad», incide el catedrático. Capítulo aparte es que cualquier proyecto toparía en el Senado con la mayoría, esta vez absoluta, del PP, que no podría frenar la iniciativa, pero sí retrasarla: dos meses (veinte días si se declara urgente) entre enmiendas y la oposición de un veto, que la Cámara Baja no podría levantar hasta dos meses después.

La arquitectura de las leyes amenazadas de derogación por el PSOE es de extrema complejidad, y de máxima relevancia la multiplicidad de objetos e intereses a los que afectan, sobre los que impactarían las supuestas derogaciones. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa introdujo 109 modificaciones en la LOE, pero además de ella ha emanado toda una nueva ordenación curricular, a su vez desarrollada por cada autonomía una a una, nuevas especialidades docentes en Secundaria, un nuevo sistema de evaluación externa en cada etapa o de admisión en las universidades. La ley de Seguridad sustituyó a la de 1992, la «ley Corcuera», y, lo que es fundamental y se ha citado anteriormente, absorbió como «infracciones administrativas» todo lo regulado como faltas en el Libro III del Código Penal, que ya no existe, puesto que se suprimió.

Retroceso laboral

La reforma laboral, que fue aprobada por real decreto ley luego convalidado, modificó profundamente el Estatuto de los Trabajadores, y atravesó horizontalmente una docena de leyes –entre ellas la de la Jurisdicción Social, la de la Seguridad Social, de IRPF y hasta la de Víctimas del terrorismo–, y se ha traducido en seis reglamentos de enorme calado.

La derogación parcial que ahora propone el PSOE se centra en revertir las herramientas de flexibilidad interna en las empresas que, según expertos que participaron en la redacción de la normativa, han sido claves a la hora de evitar miles de despidos en los últimos cuatro años. Para estas fuentes, la recuperación de la autorización administrativa previa de los ERE contenida en el programa socialista, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, la vuelta a la ultraactividad de 2011 o la eliminación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos –que ha favorecido el obtención de un acuerdo en el 99 por ciento de las inaplicaciones– implicarían condenar «el éxito en materia de empleo que nos ha acercado a Europa y lo que ha servido para salvar muchos puestos de trabajo».