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Vídeo: Ciudadanos recuerda al PP que tiene que «cumplir las 150 exigencias que firmó» - ATLAS

Ciudadanos quiere cambiar en febrero la ley para limitar el mandato de Rajoy

Pretende acotar a ocho años la permanencia de los presidentes en La Moncloa

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Ni Adolfo Suárez (5 años) ni Leopoldo Calvo-Sotelo (apenas dos) ni José María Aznar (ocho) ni José Luis Rodríguez Zapatero (otros ocho) se mantuvieron en el poder más de dos legislaturas. Solo Felipe González traspasó esa frontera permaneciendo en La Moncloa catorce años, repartidos en cuatro mandatos. La incógnita hoy es saber si el último de los jefes del Ejecutivo, Mariano Rajoy, querrá, y si es así podrá, optar a una tercera legislatura si apura la que acaba de comenzar hasta su extinción natural en 2020. El partido con el que firmó el acuerdo para su investidura, Ciudadanos, quiere que eso no suceda, como signo de la regeneración política en España. Para ello, va a reclamar en cuanto eche a andar el periodo de sesiones en 2017 que se materialice uno de los seis puntos que consensuó con Rajoy: acotar a ocho años máximo o dos legislaturas (el plazo más favorable) el tiempo de permanencia en la Presidencia del Gobierno de España.

Para ello, tal y como explica a ABC el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, su partido propondrá reformar la Ley del Gobierno, de febrero de 1997, sin tocar la Constitución. Esa norma, que establece las funciones del presidente del Consejo de Ministros en España y regula, por ejemplo, la moción de censura o las atribuciones de un Gobierno en funciones, nada dice del tiempo que un presidente puede ocupar esa alta magistratura. Por eso, la intención de Villegas es "plantear en febrero la reforma de esa ley para incluir ahí el límite temporal de ocho años o dos legislaturas, aplicándose siempre el plazo más amplio", para evitar así que cuenten mandatos tan cortos como el de la penúltima legislatura que apenas duró cuatro meses, ante la falta de acuerdo para investir a un presidente. La intención de Rivera es que se haga por la vía rápida al no tener que incluirla en la reforma de la Constitución.

En manos de Rajoy

Mariano Rajoy decidió en agosto asumir personalmente las exigencias de Albert Rivera para transformar su abstención en un sí a su investidura evitando someterlas una a una a la opinión del Comité Ejecutivo del PP, que tan solo se ciñó a darle su conformidad general para que negociara con Ciudadanos. De esta manera, el líder popular evitó abrir un debate delicado en plena negociación con la formación naranja. No en vano, dentro de esas exigencias se contaba celebrar una comisión de investigación por el caso Bárcenas u obligar a dimitir a un cargo en cuanto fuese investigado, extremo que abrió algunas costuras tras el fallecimiento de Rita Barberá. Eso supone que en los primeros días del año que va a comenzar el presidente tendrá que decidir, por ejemplo, sobre la eliminación de aforamientos (extremo sobre el que la vicepresidencia ha reclamado ya que se aclare a qué cargos públicos debe afectar) o la abolición de los indultos a políticos, que hoy es una práctica en la acción del Gobierno. Sin embargo, ninguna de esas condiciones afecta tan personalmente a Rajoy como la de poner fecha de caducidad a su horizonte político. Aunque durante la campaña electoral de 2011 el propio líder popular se mostró partidario de contemplar esa reforma, lo cierto es que fuentes del PP aseguran que todavía no se ha trabajado al respecto.

Ciudadanos, según recuerda Villegas, está convencido de que no habrá obstáculos puesto que el jefe del Ejecutivo no puso ninguno cuando lo negoció en agosto con Rivera. De hecho, apunta que en el PP se dijo que "ya es un uso en España, puesto que Aznar y Zapatero así lo hicieron sin tener que ajustarse a una norma". En las filas populares se remiten al propio presidente "que tendrá la última palabra ya que al primero que afecta es a él mismo". El vicesecretario del PP, Pablo Casado, defiende que "la limitación de mandatos es una reforma no escrita que se está respetando". Por el momento, los populares no lo han incluido en sus Estatutos y no parece que lo vayan a asumir como norma propia en el Congreso del partido que se celebrará el 10, 11 y 12 de febrero.

El PP lo pide en Andalucía

No ocultan las mismas fuentes que "abrir ahora un debate sobre la sucesión no es una buena idea, con el inicio de la legislatura y todas las cosas en las que hay que trabajar". Sin embargo, Rivera cuenta con un antecedente a su favor: el PP registró hace unos días una propuesta, que fue aprobada por unanimidad, para limitar a dos mandatos la Presidencia de la Junta de Andalucía y la de sus consejeros. Entre los barones populares existe todo tipo de casuística: desde Juan Vicente Herrera (Castilla y León) y Cristina Cifuentes (Madrid) que lo han aprobado para sus Comunidades, de acuerdo con Ciudadanos, hasta Alberto Núñez Feijóo, que encara ahora su tercer mandato, precisamente a petición de Rajoy. A la lista de presidentes autonómicos que tienen restringido temporalmente su permanencia en el poder se unen los de Murcia, Castilla-La Mancha o Extremadura.

En el Parlamento no habrá ningún problema para sacar adelante la reforma puesto que tanto el PSOE como Podemos no han puesto traba alguna a ese límite temporal. Además, la Ley del Gobierno no necesita una mayoría reforzada, como apunta Villegas. La última vez que se modificó esa norma que regula la labor de la cabeza del poder ejecutivo fue en 2015, con el objeto de legislar de forma específica el régimen jurídico del sector público.

Regímenes presidencialistas

Aunque Ciudadanos ha establecido ese tope como un paso hacia la regeneración de los partidos no es una práctica generalizada en las democracias occidentales. De hecho es más habitual en los sistemas presidencialistas (como Estados Unidos, en su vigésimo segunda enmienda) que en los parlamentarios, que se basan en una coalición mayoritaria que determina quién ocupa el Gobierno. Tanto es así que la canciller alemana, Angela Merkel, va a estar como mínimo doce años en el poder y ni en Francia para el presidente de la República, ni en Reino Unido e Italia, para sus primeros ministros, se ha trazado esa línea divisoria para la permanencia en el cargo.

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