Catalá deja en evidencia a Montero por denunciar sin pruebas una «mafia del canapé» en la Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no se suele tomar las intervenciones a broma, ni perder la calma o permitirse grandes ocurrencias políticas durante el debate parlamentario. Fiel al espíritu de la cartera que representa se atiene a la argumentación jurídica y formal cada vez que tiene que intervenir en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Hasta hoy.

La última intervención de la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, se lo ha hecho imposible. La política de la formación morada usó su turno de palabra en el Pleno para preguntarle por la existencia de «la mafia del canapé». Según la definición de la también activista, una presunta «red de influencia y de complacencia que se crea en torno a la cúpula judicial con el efecto de acercar a esa cúpula judicial al poder empresarial y poder político a través de actos diríamos de canapé, como los palcos de los partidos de fútbol o comidas en restaurantes elegantes o recepciones».

El objetivo que persiguiría esta «mafia del canapé» es que la cúpula judicial conozca «a empresarios que luego están implicados en juicios mercantiles e incluso penales, también laborales y también a las esferas de la política a las que luego tienen que juzgar por casos de corrupción al partido popular». Montero ha acabado asumiendo que la respuesta del ministro sería que «todo esto sean conspiraciones» pero ha sostenido que «terminan siendo negocios».

Catalá, primero, alabó a Montero «su capacidad creativa» para referirse a la casta, el régimen y ahora la mafia del canapé, sobre la que dijo «no saber que és». Pero después le asestó un duro golpe al culparla de acusar sin evidencia a miles de funcionarios judiciales sin prueba alguna cuando ella misma, y también su líder Pablo Iglesias, exigían ayer a la Asociación de la Prensa de Madrid pruebas del supuesto acoso de Podemos denunciado por varios periodistas.

«Es curioso cómo dicen que hay que ir a la Justicia en lugar de levantar halos de sospechas» pero «no hacen más que levantar sospechas sobre fiscales y jueces que están sirviendo a intereses ¿de quién? No puede dar una lista de hechos concatenados sin ninguna prueba ni ninguna acreditación», criticó poniéndola frente a su espejo.

Acto seguido caricaturizó la intervención de su contrincante poniendo sobre la mesa irregularidades del líder de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, o IU con el que la formación morada mantiene su coalición en el Congreso. «Creía que iban a venir aquí a hacernos una propuesta de mejora de la Justicia sobre qué hacer para no tener becas black, no tener contratados en negro sin dar de alta en la Seguridad Social, o no especular con la vivienda pública pero parece que no, que de eso no vamos a hablar», censuró.

Durante su intervención, Montero también puso sobre la mesa la existencia de otra red denominada «la trama» integrada por altos cargos públicos y empresarios con el objetivo de controlar el país. «Los empresarios mandan más que este Parlamento», aseguró.

Señaló como argumento la llegada de José María Aznar al Gobierno español y el cambio de presidentes que se llevó a cabo en las principales compañías españolas, públicas entonces. Continuó con los nexos entre el exlíder popular y las principales cajas de ahorros para entroncar todo ello con la concentración en los sectores bancarios y constructor.

Y remató con la aparición de Sacyr, OHL y ACS en los papeles de Bárcenas así como con su condición de estas constructoras como principales contratistas del Estado. Catalá escuchaba desde su asiento con cierto gesto de estupefacción mientras la bancada morada aplaudía a la portavoz.

El ministro de Justicia no pudo retenerse. Le acusó de sospechar «de cualquier persona» que se dedica al servicio público y aseguró que en España «hay Justicia independiente y para todos».