Castro archiva la pieza del caso Palma Arena relativa a la compra de la sede del PP balear

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dictado este martes un auto en el que decreta el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza separada número 28 del caso Palma Arena. En dicha pieza se investigaba una presunta financiación irregular del PP de Baleares a través de la compra y reforma del edificio en el que desde hace una década se ubica la sede de los populares del Archipiélago, en la calle Palau Reial de Palma.

Castro ha tomado la decisión de archivar dicha pieza después de que lo hubiera solicitado la Fiscalía y de que la Abogacía de la Comunidad hubiera decidido apartarse del caso al entender que no se habría producido ningún perjuicio para las arcas públicas.

Por lo que respecta al archivo pedido por el Ministerio Público, la Fiscalía entendía que no se habría podido demostrar el origen supuestamente ilícito de los 600.000 euros que se invirtieron en la adquisición y remodelación del citado edificio.

El fiscal Pedro Horrach —sustituido por Laura Pellón— y el juez instructor sospechaban inicialmente que los mencionados 600.000 euros habrían sido aportados por el empresario Antonio Pinal. La presunta contrapartida para el dueño de Bruesa debería haber sido la adjudicación del proyecto urbanístico de reforma de los antiguos cuarteles de Son Busquets, ubicados en la capital balear. Este proyecto no llegó a concretarse nunca. Además, Pinal no se benefició finalmente de ningún contrato público con el Govern, que en la legislatura 2003-2007 se encontraba presidido por el popular Jaume Matas.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre había declarado ante Castro, en calidad de testigo, la hija del empresario Ildefonso Pérez —ya fallecido—, quien confirmó que en 2004 su padre hizo un préstamo de 600.000 euros a Pinal. Dicho dinero habría sido ingresado en opaco, al no figurar en la contabilidad de Bruesa. Con posterioridad, declararon ante el juez nuevos testigos en relación a este caso, pero ninguno de ellos vinculó dicho préstamo con la adquisición del edificio del PP en la calle Palau Reial.

Financiación

En cualquier caso, Castro ha señalado en su escrito de este martes que más allá de la pieza ahora archivada, «hay un dato objetivo que no ofrece discusión», que es que al menos en una ocasión el PP de Baleares actuó de forma irregular. El juez ha recordado, en ese sentido, que el pasado mes de octubre fue condenado el exgerente de la formación, Fernando Areal —cuñado de Matas—, por un delito electoral, en concreto, por haber financiado con dinero negro parte de la campaña para las elecciones autonómicas de 2007.

Esa condena demostraría que el PP de Baleares «ha venido contando con un sistema de financiación estructurado sobre una duplicidad de cajas y contabilidades». Para el juez, el hecho de la existencia de una financiación «opaca» en el PP balear hace que devenga imposible «despejar las dudas de si los ingresos de que se nutre, entre ellos la financiación de la sede del Partido Popular que hoy se investiga, no tendrían un claro carácter finalista, bien como contraprestación a contrataciones públicas de que se beneficiaron sus donantes o como comisión a cuenta de las que el futuro les depararía».

El juez concluye en el citado escrito que al no contar con «una actitud netamente acusatoria» para poder abrir juicio oral en la pieza separada número 28, acuerda «por economía procesal» y «sin entrar en el fondo del asunto» el sobreseimiento de la citada causa.

Por otra parte, Castro también ha dictado este martes otro auto en el que rechaza la petición formulada por Matas de que le fueran levantadas las medidas cautelaresde prohibición de abandonar el país y de retirada del pasaporte. Ambas medidas fueron impuestas al expresidente balear en marzo de 2010, en el transcurso de la instrucción de la pieza principal del caso Palma Arena. En dicha pieza se investiga el sobrecoste en los trabajos de construcción del velódromo del mismo nombre.

El presupuesto inicial de las obras del citado equipamiento había sido de 47,7 millones de euros. Sin embargo, los costes financieros y las sucesivas modificaciones del proyecto originario provocaron que ya en mayo de 2007, cinco días antes de las elecciones autonómicas de aquel año, se acordase contar con un presupuesto complementario de 35,6 millones de euros. En la actualidad, se estima que el Palma Arena podría haber costado finalmente unos 110 millones de euros.

En el auto redactado este martes en respuesta a la petición de Matas, Castro justifica su decisión de no levantar las dos citadas medidas cautelares por el hecho de que dentro de unos meses se conocerá la sentencia del caso Nóos, «en la que se interesaron penas muy graves para el señor Matas». El juez instructor también recuerda que en varias piezas separadas del caso Palma Arena deberá sentarse de nuevo en el banquillo el expresidente balear, « por lo que la más elemental prudencia aconseja mantener por el momento las medidas residuales que aún perviven».

Por otro lado, Castro ha dictado también este martes una providencia relativa a la pieza separada número 20 del caso Palma Arena, en la que cita para el 9 de enero del próximo año, en calidad de investigadas, a tres personas por ahora vinculadas a dicho caso. En la citada pieza se indaga acerca de facturas emitidas por proveedores del velódromo. Dos de las personas que deberán comparecer ante el juez son los arquitectos Jaime y Luis García Ruiz.