Caso Palma Arena

Castro pide a Defensa que le entregue datos sobre un antiguo proyecto urbanístico en un cuartel de Palma

El juez sospecha que un empresario habría «donado» 600.000 euros al PP balear para que, a cambio, le apoyase en su objetivo de conseguir un uso residencial para las instalaciones militares de Son Busquets

El juez José Castro, que investiga el caso Palma Arena, en una imagen de archivo
El juez José Castro, que investiga el caso Palma Arena, en una imagen de archivo - TONI GARRIGA

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dictado este miércoles una providencia en la que solicita al Ministerio de Defensa que le aporte la documentación que obre en sus archivos sobre cualquier tipo de petición que se le hubiera hecho en su momento relativa a los antiguos cuarteles de Son Busquets, ubicados en Palma de Mallorca.

La nueva providencia de Castro cabe situarla en el marco de las indagaciones relativas a la pieza separada número 28 del caso Palma Arena. En dicha pieza se investiga, esencialmente, si el propietario de Bruesa, Antonio Pinal, habría entregado en 2004 un total de 600.000 euros al PP balear para la adquisición de la nueva sede de la formación en Palma. El juez sospecha que otros empresarios también habrían entregado fondos al PP a cambio de resultar favorecidos en la adjudicación de diversas obras públicas promovidas entre 2003 y 2007 por el entonces presidente balear, Jaume Matas.

La presunta contrapartida que, al parecer, debería hacer recibido el dueño de Bruesa por su «donativo» al PP tendría que haber sido la adjudicación del previsto proyecto urbanístico de reconversión de las antiguas instalaciones militares de Son Busquets. Este proyecto tenía que contar previamente con el beneplácito del Ministerio de Defensa, el Govern y el Ayuntamiento de Palma, pero finalmente no llegó a concretarse nunca. En aquellas fechas, el ministro de Defensa era el socialista José Bono, mientras que la alcaldesa de la capital balear era la popular Catalina Cirer.

Autorización del Ministerio de Defensa

El origen de la pieza separada número 28 del caso Palma Arena se remonta al verano de 2014. Hace dos años, el exteniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, declaró ante el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, que Matas y Pinal se habrían reunido en 2004 para hablar sobre el futuro de Son Busquets. El entonces presidente balear le habría dicho al dueño de Bruesa que si conseguía la autorización del Ministerio de Defensa para poder dar un nuevo uso residencial a dichos terrenos, el proyecto de urbanización contaría con el apoyo del Govern y del consistorio palmesano. Según De Santos, Defensa autorizó por carta la citada propuesta.

En el contexto de esta causa judicial aún en fase de instrucción, cabe recordar que ayer martes Castro tomó declaración, en calidad de testigo, a la hija del empresario Ildefonso Pérez —ya fallecido—, quien confirmó que en 2004 su padre hizo un préstamo de 600.000 euros a Pinal. Dicho dinero habría sido ingresado en opaco, al no figurar en la contabilidad de Bruesa. La testigo también señaló ante el juez que ese préstamo nunca fue devuelto a su padre.

Pinal había comparecido ante Castro en marzo del pasado año, en calidad de investigado, aunque se acogió a su derecho a no declarar. En esa misma fecha también declaró, en calidad de testigo y a través de videoconferencia, el extesorero del PP Luis Bárcenas. Según su testimonio, diversos empresarios habrían pagado la adquisición de la nueva sede del PP balear, si bien Bárcenas sólo dio el nombre de Pinal.

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