Jaume Matas, expresidente del Gobierno balear
Jaume Matas, expresidente del Gobierno balear - EFE

El caso Ópera obligará a Matas a sentarse de nuevo en el banquillo

La Abogacía se adhiere a la petición de juzgar al expresidente balear por tráfico de influencias y prevaricación

Palma de Mallorca Actualizado: Guardar
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El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dictado este lunes un auto en el que acuerda abrir juicio oral contra el expresidente balear Jaume Matas por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación en el marco del denominado caso Ópera, que es la pieza separada número 3 del caso Palma Arena.

En el caso Ópera se han investigado a lo largo de seis años presuntas irregularidades en la contratación de Santiago Calatrava para que el arquitecto elaborase un anteproyecto para la construcción de un futuro palacio de la ópera en Palma. Calatrava fue contratado por Matas de forma directa, sin la convocatoria de un concurso público ni tampoco de un procedimiento negociado.

El Govern tuvo que pagar en su momento 1,2 millones de euros por dicho anteproyecto y por dos maquetas. El proyecto en sí no llegó a ejecutarse nunca.

Castro ha tomado ahora la decisión de abrir juicio oral contra Matas después de que el pasado viernes el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach hubiera presentado ante el juez su escrito de acusación, en el que solicitaba un año y tres meses de cárcel para el expolítico popular, así como el abono de 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Ese mismo día, la Abogacía de la Comunidad presentó un escrito adhiriéndose a la petición del Ministerio Público. De ese modo, los Servicios Jurídicos rectificaron un posicionamiento anterior sobre este asunto.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre la Abogacía de la Comunidad había pedido el archivo y sobreseimiento del caso Ópera, al considerar que no se habría producido un perjuicio para las arcas públicas. Los Servicios Jurídicos también anunciaron entonces que, asimismo, renunciaban a seguir ejerciendo la acción penal en la pieza separada número 24, que versa esencialmente sobre la compra de un piso de lujo —coloquialmente conocido como el «palacete»— por parte de Matas en Palma. Ambas renuncias motivaron que el Govern decidiera destituir al hasta entonces director de la Abogacía, Lluís Segura, por pérdida de confianza.

Otras dos piezas

Tras conocerse el pasado viernes que Horrach había presentado ya su escrito de acusación, la portavoz del Gobierno balear, la socialista Pilar Costa, señaló ese mismo día que se había dado traslado de dicho documento a la Abogacía, para que estudiase «este escrito del fiscal, porque en el caso de la posibilidad técnica, si existe, de adherirnos, lo podamos hacer, para que se diluciden todas estas responsabilidades penales y civiles».

La pasada semana también se supo que Matas deberá sentarse igualmente en el banquillo por otras dos piezas del caso Palma Arena, junto con el ex director general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester. Se trata de las piezas separadas número 8 y número 9, en las que se investigaba el proceso de adjudicación de las obras del velódromo del mismo nombre. Horrach pide en este caso dos años de cárcel para Matas en cada una de ambas causas.

Por otra parte, Castro ha dictado este lunes otro auto vinculado al caso Palma Arena, en concreto, relativo a la transformación en procedimiento abreviado de la subpieza tercera de la pieza separada número 27, conocida como caso Over, en el que se investigan diversas contrataciones suscritas entre dicha empresa y varios departamentos del Gobierno balear durante la época de Matas.

En dicho auto, el juez señala que continúa la tramitación de la causa contra Matas, el exconsejero de Interior José María Rodríguez y otras dos personas por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y falsedad en documentos oficiales.

Hasta el momento, el expresidente balear ha sido condenado en dos de las piezas del caso Palma Arena ya juzgadas y resueltas. En un caso, debió cumplir una condena de nueve meses y un día de cárcel por tráfico de influencias, en concreto por favorecer a un amigo periodista con una subvención, mientras que en el otro caso debió abonar 9.000 euros de multa por cohecho, al considerar el jurado que había presionado a un hotelero para que contratase a su esposa, Maite Areal.

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