Caso Nóos, a la espera del veredicto final

Hace ahora justo dos años, el 22 de diciembre de 2014, el caso Nóos entraba en su fase última y definitiva, tras cuatro largos y procelosos años de instrucción. Aquel día, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, dictaba el auto de apertura de juicio oral de esta pieza separada del caso Palma Arena. Entre las 17 personas acusadas se encontraban los dos impulsores del Instituto Nóos, Diego Torres e Iñaki Urdangarín, así como también el expresidente autonómico Jaume Matas, varios exaltos cargos políticos y finalmente también Doña Cristina.

Hubo que esperar aún algo más de un año para que el juicio empezase finalmente, en concreto el pasado 11 de enero, y cinco meses más para que concluyese, el pasado 22 de junio.

Ahora, habrá que esperar hasta el primer trimestre de 2017 para poder conocer la sentencia, que en principio debería de haberse hecho pública a principios de este mismo mes. Cabe recordar, en ese sentido, que semanas atrás la Audiencia Provincial de Palma concedió a la presidenta del tribunal, Samantha Romero, una prórroga hasta el 31 de marzo para poder seguir trabajando en exclusiva en la causa.

Romero había solicitado dicha prórroga tanto por la enorme complejidad del caso Nóos como por el hecho de que existirían discrepancias entre las tres magistradas que componen el tribunal con respecto a las penas que deberían ser impuestas finalmente a algunos de los acusados. En una causa de estas características, sería deseable que las principales decisiones fuesen acordadas por unanimidad, circunstancia que por lo que ha trascendido hasta ahora no parece próxima a darse, al menos de momento.

Cabe recordar que el juicio del caso Nóos se centró, esencialmente, en intentar dirimir si las sociedades que conformaban el grupo Nóos habrían realizado los trabajos por los que fueron contratadas, si la facturación utilizada o las condiciones laborales de los empleados fueron conformes a la ley y si las administraciones que contactaron con Torres y con Urdangarín cometieron algún tipo de irregularidad. En ese sentido, la mayor parte de las sesiones del juicio trataron sobre los convenios firmados por el Instituto Nóos con la Generalitat Valenciana y con el Gobierno balear para la organización de los Valencia Summit —entre 2004 y 2006— y los Illes Balears Fórum, en 2005 y 2006.

19,5 años para Urdangarín

En sus respectivas comparecencias ante el tribunal, tanto Torres como Urdangarín coincidieron en descargar sobre varios de sus más directos colaboradores algunas de las decisiones más controvertidas tomadas en el grupo Nóos. Asimismo, dejaron entrever en mayor o menor medida que la Casa del Rey habría estado siempre al tanto de las actividades de los dos desde el principio.

Por su parte, la práctica totalidad de los acusados y de los testigos que comparecieron durante el juicio afirmaron que quienes dirigían Nóos eran sólo Torres y Urdangarín. En cuanto al papel desempeñado por la Zarzuela, habría sido justo el contrario del señalado por ambos encausados, pues de hecho Urdangarín fue forzado a dimitir como presidente del Instituto Nóos en marzo de 2006, poco después de que aparecieran en los medios las primeras informaciones críticas sobre las actividades de dicha entidad.

A lo largo de la vista oral hubo también, por otro lado, testimonios muy positivos en relación a la labor desempeñada por Nóos como grupo o por Torres o por Urdangarín a nivel profesional. Por su parte, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach mantuvo finalmente la petición inicial de 19,5 años de prisión para Urdangarín y de 16,5 años para Torres, como presuntos autores de los delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, contra la Hacienda Pública, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de capitales. En cualquier caso, todo apunta en estos momentos a que la pena que el tribunal acabará imponiendo a ambos no sería tan elevada.

Papel de la Infanta

Por lo que respecta a Doña Cristina, durante su declaración ante el tribunal —realizada el 3 de marzo— afirmó que confiaba en su marido y recalcó que nunca se ocupó de la gestión de Aizoon, la mercantil cuya titularidad compartía el matrimonio. Los testimonios posteriores de todos los testigos que hablaron sobre esta última cuestión fueron coincidentes con lo expuesto previamente por la Infanta.

Aun así, la acusación popular ejercida por Manos Limpias, a través de la abogada Virginia López Negrete, mantuvo su petición inicial de ocho años de cárcel para Doña Cristina, por el presunto delito de cooperadora necesaria en los dos supuestos delitos fiscales cometidos por su marido en 2007 y 2008 a través de Aizoon. En cambio, el Ministerio Público y el resto de acusasiones siempre defendieron que la Infanta nunca debería haberse sentado en el banquillo de los acusados, al no haber cometido ningún delito.

Horrach entendía que Doña Cristina sólo debía ser considerada partícipe a título lucrativo de las supuestas irregularidades tributarias cometidas por su esposo. Una presunta actuación de ese tipo en ningún caso supone un delito, pero obliga a devolver todo el dinero gastado. En ese contexto, cabe recordar que en diciembre de 2014 la Infanta abonó 587.000 euros como fianza para cubrir su presunta responsabilidad civil. En caso de que el tribunal compartiera ahora el punto de vista del Ministerio Público, Doña Cristina quedaría finalmente exculpada de los dos delitos citados.

Un hecho destacado vinculado a Manos Limpias es que durante el juicio, en concreto en el mes de abril, dicho sindicato se vio afectado directamente por un caso de presunta corrupción en su seno. Esa situación derivó en el ingreso en prisión del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, por supuesta extorsión. El abogado de Torres, Manuel González Peeters, pidió entonces la expulsión del sindicato de la vista oral, pero la presidenta del tribunal decidió finalmente mantenerlo en la causa.

Enfrentamiento Castro-Horrach

Más allá de cuál vaya a ser ahora el veredicto final con respecto a los 17 acusados enjuiciados en el caso Nóos, esta causa ha dejado a lo largo de los últimos seis años imágenes, situaciones y momentos que merecen sin duda ser recalcados. Entre ellos cabría citar el fin de la amistad entre Castro y Horrach, la declaración de la Infanta ante el propio instructor el 8 de febrero de 2014, la gran expectación mediática a nivel internacional vivida en aquella fecha y también cuando empezó el juicio, la revocación del título de Duques de Palma a Doña Cristina y a Urdangarín o la retirada de la placa que llevaba su nombre en La Rambla de la capital balear.

También el propio juicio dejó, como era de esperar, numerosos momentos reseñables. Podrían recordarse aquí las situaciones de tensión vividas entre las defensas y las acusaciones, algunos enfados de la presidenta del tribunal, el progresivo cambio de actitud de la Infanta —del hieratismo inicial a una recuperada afabilidad—, el farragoso desarrollo de varias sesiones literalmente interminables o el profuso uso de citas literarias, filosóficas o cinematográficas en las últimas jornadas del juicio.

Uno de los autores más citados fue el gran jurista, filósofo y orador romano Marco Tulio Cicerón, quien en el Libro II de su obra «Los Deberes» escribió: «Toda virtud se realiza de ordinario en tres clases de cosas: una consiste en reconocer qué hay de verdadero y auténtico en cada asunto, otra en contener los movimientos desordenados del alma, que los griegos llaman razón, y la tercera, en usar con moderación y sabiduría la ayuda de los demás». A tenor de lo vivido política y judicialmente en España en estos últimos años, seguramente sería bueno que casi todos leyéramos un poco más a Cicerón.