El PNV advierte que el retraso de la comisión territorial en una semana «no es suficiente»
Podemos y el Grupo Mixto no descartan pedir una nueva prórroga a Pastor
La decisión de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de retrasar una semana, hasta el próximo martes, los nombramientos de la nueva comisión para la reforma del Estado autonómico no ha satisfecho a ninguno de los partidos que promovió el aplazamiento: PNV, PDeCAT y Podemos. La tercera autoridad del Estado comunicó ayer su decisión a la Mesa del Congreso y después a los portavoces parlamentarios tras constatar el lunes que el PSOE, impulsor de la iniciativa, defiende su puesta en marcha, aunque ello provoque que varios grupos parlamentarios dejen sus sillas vacías . El PP secunda la posición de los socialistas por su pacto de unidad frente al desafío catalán.
Sin embargo, el bloque soberanista tenía la esperanza de que Pastor pudiera aplazar la designación de los miembros de esta nueva comisión «sin fecha» y la prórroga de una semana cayó como un jarro de agua fría. Desde el PNV se consideró abiertamente que «no es suficiente» mientras que tanto Podemos como PDeCAT subrayaron que si no se evita la aplicación del artículo 155 en Cataluña no debe abrirse ningún espacio de diálogo porque sería «blanquear» la actuación del Ejecutivo. No obstante, pudieron esperar al desarrollo de los acontecimientos antes de valorar si pedirán una nueva prórroga antes de que finalice el nuevo plazo.
Durante la reunión de la Mesa del Congreso, Ana Pastor también ha decidido solicitar a los letrados del Congreso un informe sobre si pueden adoptarse represalias salariales contra los diputados de ERC y PDeCAT por no asistir a los Plenos y comisiones del Congreso como protesta política. Ciudadanos así lo defiende y ha presentado una petición para ello ante la Mesa de la Cámara Baja solicitando que se les retraiga del sueldo los honorarios correspondientes a cada día de absentismo. Según el grupo naranja, el artículo 99 del Reglamento faculta a este órgano para adoptar esa medida al establecer como «deber» del diputados la asistencia a las sesiones parlamentarias.
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