El ministro del Interior, ayer en los cursos de El Escorial
El ministro del Interior, ayer en los cursos de El Escorial - Efe

El 41% de los 1.900 «soplos» ciudadanos sobre yihadismo han servido para abrir investigaciones

Interior reconoce el «olfato» de la gente de a pie y anima a una mayor colaboración

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El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, apeló ayer miércoles al «ojo clínico» de los ciudadanos para alertar a las fuerzas de seguridad de posibles casos de radicalización, un «olfato» que desde diciembre ha avisado de 1.900 personas que podrían haber iniciado ese proceso.

Denuncias que puso de relieve Fernández Díaz en la inauguración del curso de verano «Terrorismo internacional: análisis de la radicalización y estrategias para la prevención», organizado por la Fundación de Víctimas del Terrorismo, y en el que durante tres días expertos antiterroristas, del mundo árabe y víctimas analizan las tendencias de la radicalización.

Un proceso que cada vez es más rápido desde que una persona es captada hasta que finalmente se radicaliza y es reclutada, dijo el ministro, y en el que la colaboración ciudadana es fundamental para atajar que alguien se sume a las filas del Dáesh.

Así, desde diciembre del pasado año Interior tiene en marcha el proyecto «Stop radicalismos» con el que a través de un correo electrónico, un número de teléfono y una aplicación en el móvil, cualquier ciudadano puede de forma anónima advertir de los síntomas de radicalismo que observa en alguien de su entorno.

De las 1.900 informaciones recibidas en casi siete meses, el 41 por ciento han servido a los agentes para iniciar investigaciones y «no pocas de ellas» coincidían con pesquisas abiertas por la Policía y la Guardia Civil, lo que demuestra «el buen ojo clínico» de los ciudadanos, destacó.

Durante su intervención, el ministro situó a los servicios de información españoles a la vanguardia mundial, donde también colocó el ordenamiento jurídico español en materia antiterrorista, como quedó patente en el pacto antiyihdista firmado en febrero del año pasado y que se trasladó a la legislación penal.

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